El contrabando conspira junto con el gobierno

El nuevo Estado Plurinacional se encuentra inmovilizado y en medio de unas lagunas cargadas de inmorales actitudes provocadas por omisiones y negligencias inexcusables de los gobernantes bolivianos, que sin duda están  aliados con los sectores del trasportes y del comercio minorista, muy afines al contrabando y  la informalidad. Fue en 2003 cuando estos sectores convencieron a la comunidad entera para que el contrabando sea visto como un “mal menor absolutamente comprensible”. Así se diferenció entre el contrabando «menor», que constituyó una simple contravención tributaria, y el otro denominado «mayor», considerado como un delito y con una pena de tres a seis años de cárcel, pero siempre que el valor de las mercaderías ilegales supere los Bs. 17.000. 

El año 2009, los contrabandistas influyeron notablemente en los ámbitos administrativos y lograron montar una aberración jurídica en las espaldas del presidente Evo Morales cuando firmó el famoso Decreto Supremo Nº 14, en medio de una de las tantas crisis de credibilidad que soportó, cuando se descubrió el escándalo de los 33 camiones de Pando, a todas luces amparados bajo el padrinazgo del Ministro de la Presidencia de ese entonces.  Este Decreto Supremo modificó la Ley del Código Tributario Boliviano vigente, contra toda lógica legislativa y todo orden constitucional, sólo para beneficiar a algunos personajes oscuros. A partir de ese año cualquier persona pudo introducir mercaderías sin ser sancionado con cárcel, y con la ganga de defraudar impuestos hasta Bs. 350.000.-. Advertidos los facilitadores públicos de esta anomalía jurídica mandaron aprobar una norma, camuflada en la Ley Financial de 2009, que bendecía este tipo de actitudes regresivas,

Durante los años 2010 y 2011 el contrabando se incrementó en términos groseros y desgració cualquier intento de lucha razonable contra el delito que más debilita, no sólo la imagen del gobierno sino también a sus bases políticas, porque cada día muchos líderes de movimientos sociales exigían al gobernante la asignación de una parcela en este amplio campo delictivo, siempre con el fin de operar libremente con actos siniestros. Para detener el avance desmedido de la delincuencia orquestada desde algunos nichos gubernamentales, fueron algunos decentes servidores públicos que introdujeron un cambio normativo para retornar a la sensatez y fue con la Ley Nº 100 de abril de 2011 que se calificó como delito de contrabando si la defraudación aduanera superaba los Bs. 85.000.-

Pero ahora todo parece indicar que esta Ley Nº 100 ha dañado económicamente y en lo más íntimo a algunas personas que sostienen al gobierno desde las tinieblas. Estas han influido tan toscamente que han conjurado con el Ministerio de Economías y Finanzas Pública para introducir en el proyecto de Ley del Presupuesto 2013 la reforma normativa que facilita nuevamente el contrabando de mercaderías con un valor igual o menor a Bs. 350.000.- con todos los beneficios para defraudar y eludir la cárcel. De aprobarse esta norma se protegerá retroactivamente a todos los contrabandistas que desde abril de 2011 han operado contra los intereses fiscales de todos los bolivianos. Esta actitud oficial sólo muestra compadrazgo y consorcio con el delito. Ya debería el Ministro de Economía explicar de cara ante la sociedad el porqué de esta desvergüenza regresiva y cuál es la razón para no considerar como defraudación aduanera el contrabando de mercaderías ilegales con valor de Bs. 1. Con todo esto, ningún compatriota respetable se equivoca si ahora afirma, a voz en cuello, que desde el gobierno hay personas que traman con el contrabando.

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