“Hermanas y hermanos con mucho respeto a ustedes y a todo el pueblo boliviano, quienes dicen: ‘sin factura’ estamos estafando al pueblo, se están estafando ustedes mismos, por tanto tenemos la obligación de pagar lo que está en la norma”. Así dijo el presidente Morales la pasada semana durante el acto oficial de entrega de un Coliseo que lleva su nombre, ubicado en el barrio Progreso, allí en una zona marginal de la ciudad de Sucre. Además indicó que Bolivia “vive gracias a los impuestos que pagamos”, y con estos recursos económicos el Gobierno, las Gobernaciones y Alcaldías materializan obras a favor de todos los ciudadanos. Recordó a todos los conciudadanos que “tenemos la obligación de pagar impuestos, no preguntemos si es con factura o sin factura, obliguemos más bien que el vendedor nos de factura, así la economía va a seguir creciendo”.
Lo destacable es que esta exhortación fue expuesta ante personas de bajos recursos y que por lo general corretean en la informalidad y lejos del sistema tributario vigente en el país. Así como también es destacable el hecho de que, como nunca en la historia boliviana, durante el Gobierno de Evo Morales la recaudación tributaria se ha incrementado de forma exponencial, debido a la presión fiscal que se aplica sobre los agentes que conforman la economía formal. Si bien es cierto que tributar es un deber de todos los bolivianos, también no es menos cierto que las facturas se han convertido en el mejor vehículo para defraudar tributos, hasta el grado de constituirse en una destreza criolla muy amplificada entre la población. Omitir la entrega de facturas, negociarlas, falsificarlas, clonarlas o registrarlas sin sustento, son acciones corruptas muy practicadas y su eliminación constituye de por si uno de los desafíos que ha asumido el Presidente de forma pública.
En este escenario nada estaba librado a la suerte o la casualidad. Lo que ha ocurrido es que el Presidente se puso en campaña para hacer que la Asamblea Legislativa en estos días apruebe el proyecto de ley del presupuesto general del Estado para la gestión 2013. Se contempla en este proyecto de ley la clausura definitiva (sí, definitiva) del local comercial cuyo responsable no emita facturas de forma reincidente, además se prevé el castigo con pena privativa de libertad de dos a seis años para los delincuentes que falsifiquen facturas, las comercialicen, coadyuven o adquieran facturas sin haberse realizado el hecho generador gravado. Más escabroso aún se pinta el futuro para los transgresores que inserten o hicieren “insertar en una factura verdadera, declaraciones falsas concernientes al hecho generador que el documento deba probar” (sic). Este ilícito merecerá una sanción de privación de libertad de tres a seis años, agravándose en un tercio en caso de reincidencia.
Estas medidas represivas llegan tarde, porque el hecho de no emitir facturas y soportar varias clausuras se ha convertido en un “deporte nacional” muy extendido; y lo peor de todo es que las contabilidades de una gran parte de los contribuyentes bolivianos están contaminadas con facturas falsas. Ya debería el Presidente, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, emprender una reforma tributaria integral que permita a todos los contribuyentes sanear y transparentar sus operaciones comerciales y sincerarse con los beneficiarios que reciben las facturas, siempre a través de una ley específica de corte tributario, evitando esos parches que tímidamente se ocultan detrás de la ley del presupuesto. Aunque tarde, algo había que hacer para combatir contra esos malhechores sumergidos en la informalidad tributaria.