El año de la Superintendencia Tributaria

A fines de marzo de este año y en esta misma columna se expusieron cinco razones para decir adiós a la Superintendencia Tributaria (ST). La primera razón era que el Tribunal Constitucional consagró el principio de que el contribuyente tiene el derecho de optar por las vías administrativa o la jurisdiccional para reclamar los actos del ente recaudador.  La segunda razón estaba vinculada con otra decisión constitucional que devolvió la competencia a los jueces tributarios para conocer los juicios contenciosos tributarios, consagrando la alternativa jurisdiccional del derecho de defensa del contribuyente.

Las otras tres razones: la forma precipitada cómo se instaló la ST, el ocultismo de la normativa de impugnación contendida en el DS 27350, y el desconocimiento del derecho de defensa en instancia administrativa otorgaban los argumentos necesarios para que en el mes de marzo de 2004 se justifique una despedida decoraza a la ST.  Pero las cosas han cambiado.  La ST está consolidada en el ámbito de las instituciones públicas dependientes del Ministerio de Hacienda, además se están promoviendo seminarios de difusión de la normativa de los recursos de alzada y el jerárquico; y ante todo, se está respetando el derecho de defensa de los contribuyentes que han optado por esta vía administrativa para solucionar sus problemas de entendimiento con la Administración Tributaria.

Pero el escenario puede traer algunas complicaciones de orden normativo a la hora de entender la nueva sentencia constitucional, emitida el 16 de julio pasado, que ha confirmado la impugnación de los actos administrativos ante la autoridad jurisdiccional por vía del contencioso tributario, que ahora se encuentra plenamente vigente.  En la misma sentencia se ha exhortado al Poder Legislativo para que en el plazo de un año apruebe la ley que regule el procedimiento contencioso tributario, que aún no tiene las normas adjetivas claras para proteger al contribuyente que opte por soslayar a la ST y recurrir directamente al Poder Judicial con el fin de amparar sus derechos.

En todos los casos, bajo el argumento de que aún no existe el procedimiento judicial definido por un ley, los contribuyentes no pueden ser arreados al encierro de la Superintendencia Tributaria y ser obligados a presentar la alzada.  Lo que corresponde es que los magistrados y los jueces ejerzan la potestad judicial sin reparos; y cuando noten la falta, oscuridad o insuficiencia de la ley, en las causas tributarias sometidas a su juzgamiento, pronuncien sentencia según la equidad que nace de las leyes vigentes. Desde que se aprobó el Código Tributario, hace un año exactamente, muchos fueron los cuestionamientos que se presentaron en varios talleres y seminarios convocados para el análisis crítico del nuevo instrumento normativo de la política fiscal boliviana.  Existen aún varias preguntas sin respuesta. Con el devenir de la implementación de algunas causas y otros casos concretos se podrá frenar la conducta incontrolable de ente de recaudación tributaria.  Es un hecho que el Ministerio de Hacienda ha contaminado a los otros poderes del Estado, los cuales han descuidado su propia independencia.

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