Aparentemente, hasta hace dos meses atrás, las federaciones y cámaras empresariales no mostraban el menor interés para pedir la modificación o remodelación del Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional (PTVE) a favor de sus asociados. Tampoco se veía la voluntad gremial para pedir al Gobierno la ampliación de los plazos para acogerse al programa o simplemente oponerse. Muchos empresarios se precipitaron y no les quedó más que llenar los formularios y comenzar a buscar dinero a tientas para satisfacer el apetito de liquidez inmediata del Estado, que necesitaba dinero para solventar los aguinaldos de los funcionarios públicos, por lo menos. Sencillamente se confirmó que la presión fiscal y el temor reverencial inyectados por el Estado en los contribuyentes había producido sus efectos. Las víctimas quedaron paralizadas, asustadas y estupefactas.
Pero a mediados del mes del octubre, la Confederación de Empresarios, empleando a sus mejores hombres, comenzó a presionar, “moral y materialmente”, al Poder Ejecutivo para lograr la ampliación de los plazos. Por su lado las cámaras empresariales; orgánicamente y a su turno, se pronunciaban con fuertes posiciones para hacer reflexionar al Fisco sobre los efectos funestos que se preveían en la estabilidad financiera de las empresas que estaban por acogerse al PTVE.
La razón lógica era que nadie tenía tanto dinero para escoger voluntariamente la opción “Pago Único Definitivo”. Sin duda, la mejor opción que le convenía, no sólo al empresario, sino al mismo Estado. Se advirtió incluso que los empresarios lograrían una rebaja considerable a la base de cálculo de esta opción. Pero el gobierno de turno y su líder, Gonzalo Sánchez de Lozada, insistieron en que el PTVE no se sustituiría, ni con sangre. Dos días después el sustituido fue él, no sólo por esta razón, sino por otras de mayor peso específico.
Lo sucedido en estos últimos treinta días respecto del PTVE nos dan una clara idea que las cosas pueden cambiar si se presiona en el botón correcto. El sentimiento colectivo que nació entre los empresarios para remodelar el PTVE en plazos y en procedimientos, se concretó y fue muy bien entendido por sus líderes. Las demandas fueron aunadas y expuestas de forma orgánica ante el Fisco y se le obligó a reducir su apetito de liquidez y también a promover una regularización tributaria general. Era un secreto a voces que el gobierno de Carlos D. Mesa, escucharía las demandas y modificarían la base de cálculo con una ley sustitutiva, y además se otorgaría un nuevo plazo para pagar este impuesto especial de regularización impositiva. Otra vez ganó lo urgente; y lo importante se deja para después, como el Código Tributario que no cambió ni un ápice.