Los funcionarios de Viceministerio de Política Tributaria, dijeron en días pasados que el proyecto de Ley de Reformas al Código Tributario contempla sanciones para los defraudadores y contrabandistas que infrinjan esa norma en forma reiterada e intencionada. Además indicaron que se trabaja en el Código Tributario para «tener una mejor relación entre el contribuyente y el fisco, que es lo que pide la población, para que se paguen los impuestos por parte de personas y empresas que no honran esos tributos» (sic). Por otro lado, la Aduana Nacional de Bolivia hasta ahora sólo ha logrado que tres personas estén purgando delitos en la cárcel pública a causa del contrabando, mientras que el resto (más de 80 casos) están sentenciados y prófugos, otros están con libertad condicional.
Para nadie es un secreto que el defraudador será sancionado con reclusión de tres (3) a seis (6) años y multa de cien por cien (100%) sobre la deuda tributaria actualizada, sí no paga la deuda tributaria, no efectúa las retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, cuya cuantía sea mayor a 100.000 UFV (unos 13.000 dólares). Así reza el proyecto que maneja el Viceministerio. Estas sanciones parecen muy duras en el proyecto, pero en un futuro cercado pueden ser peores, porque en la mayoría de los casos de los expectantes condenados por defraudación se impedirá que gocen del beneficio del perdón judicial o la suspensión condicional de la pena. Su reclusión será inminente. Los cogoteros y los narcotraficantes no tendrán alternativa de compartir sus celdas con los defraudadores de impuestos.
Sabemos que quienes defraudan tributos y los famosos contrabandistas están enroscados en la única instancia que decidirá la reforma del Código Tributario. El Parlamento Boliviano. Están ahí o conviven con los que ahí están. El excelente propósito del Viceministerio para lograr sanciones ejemplares e impulsar un incremento en la sensación de riesgo entre los contribuyentes, puede verse seriamente deteriorado si sólo se confirma que algunas personas comenzaron a hacer «lobby» para rebajar las penas de reclusión o influir para que simplemente la defraudación no merezca cárcel.
Los contrabandistas ya lo hicieron y lograron convencer al Gobierno para que el contrabando menor se diferencie en el proyecto de ley, como una simple contravención tributaria. Y el Gobierno argumentó la medida en el hecho de que el contrabando menor responde a una cuantía inferior a las 100.000 UFV y no se justifica castigar con reclusión a un «pobre» contrabandista que opera con esas ínfimas cantidades de dinero. Pero lo que el Gobierno desconoce deliberadamente es que el 99% del contrabando ingresa al país con las características del contrabando menor.
Este es el hecho y los actores son miles de «piloteros» que operan los 365 días del año como contrabandistas «menores» y encubren al contrabandista «mayor» que es el dueño de más de 7.000.000 de UFV que, sin duda, las dividirá en varios lotes de menos de 100.000 UFV cada uno para continuar reinando. Hecha la ley, hecha la trampa. Con esta imagen los actuales funcionarios de la Aduana Nacional, institucionalizados, pulcros e incorruptibles, han percibido de lejos la sonrisa de la venalidad. Algunos incluso ya están sufriendo insomnios prolongados, sólo provocados por el inevitable retorno del pasado reciente.
El Gobierno y la mecánica fiscal que emite mensajes drásticos a los contrabandistas mayores o defraudadores de tributos sobre su futuro, están en buen camino. Pero el proyecto de reforma del Código Tributario no solucionará el problema de la resistencia a la tributación. La solución pasa por el rediseño de las políticas fiscal y tributaria. Cuando vemos a los contrabandistas y los defraudadores utilizando su poder de persuasión sobre los políticos, nos dejan la sensación que el país seguirá perdiendo. Con o sin Código Tributario.