Cuando la dinamita habla, Evo calla

Aquel 13 de noviembre de 1789, Benjamín Franklin le escribió una carta a Juan Bautista le Roy y  sin equívocos le dijo: “en este mundo nada se puede decir que es verdadero, excepto la muerte y los impuestos”.  Esta sentencia pone de relieve, tácitamente, el imperio fiscal sobre el pago obligatorio de impuestos y la consiguiente consolidación de este poder tributario en cualquier nación moderna.

En esos países que están muy alejados del modelo socialista del siglo XXI, cualquier ciudadano está obligado a pagar impuestos hasta morir.  Pero en Bolivia, uno puede rehusar el pago de impuestos, haciendo que otras personas mueran. Lo ocurrido con los mineros cooperativistas, que a punta de dinamitazos, obligaron al gobierno a ceder en su obligación de cobrarles un impuesto legalmente creado. El MAS ahora negocia su estabilidad en el gobierno, liberando de impuestos a los que griten más fuerte, a los que bloqueen más días, a los que dinamiten más, etc.

Desde hace 20 años atrás un gran número de comerciantes informales, floteros, mineros cooperativistas, auteros, chuteros, y otras tucuimas bajo el manto de los “derechos humanos” han sorteado sistemáticamente las obligaciones que la Carta Magna les impone, con el pretexto de que son  pobres o pertenecen a sectores sociales oprimidos.  Con esta actitud la informalidad ha demostrado que no conoce límites legales y que puede atacar, desbaratar y someter fácilmente al poder fiscal del Estado.

La otra cara de la medalla muestra a los contribuyentes legalmente establecidos que tienen más obligaciones que derechos, y por eso han “decidido o escogido” sacrificarse de forma unilateral y desigual respecto de otros sectores sociales.  Esta inmolación se observa marcadamente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en cambio los sectores informales han logrado el establecimiento ilegal de unos regímenes especiales que han desbaratado la premisa: “el que tiene más, paga más impuestos y el que tiene menos, paga menos”.

La informalidad ha degenerado la fiscalidad nacional y el gobierno del MAS la está tergiversando aún más; con el fin de satisfacer algunos grandes intereses económicos ocultos detrás del velo de la informalidad; y que son afines políticamente al gobierno. Con esta actitud inmoral, ha fracasado nuevamente la tarea de eliminar las reglas para los sectores informales y parasitarios.  Además, hemos naufragado otra vez en el afán de asimilarlos en la generalidad de las normas tributarias para ampliar la base poblacional de contribuyentes, que a lo largo de los próximos años hubiera provocado la disminución natural de las alícuotas de muchos impuestos. 

Con lo de los mineros cooperativistas y la actitud inmoral del gobierno; no sabemos qué ocasionó más daño al país: dar un paso atrás en la decisión de eliminar los regímenes tributarios informales o continuar con las políticas proteccionistas de la informalidad.  Una cosa si es segura: los que pagamos impuestos vamos a morir.

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