Cría micreros y te sacarán los ojos

Los choferes de las diferentes líneas de transporte urbano del municipio de Cochabamba han pretendido elevar el pasaje efectivamente pagado de Bs. 1,80 (nominalmente regulado en Bs. 1,70) a Bs. 2,00 sin autorización. Otra vez se repite ese círculo vicioso de hechos que, como siempre, terminará con la consolidación del incremento del pasaje del transporte en unos micros y trufis más viejos que la democracia que ahora vivimos. La secuencia es simple: a) incremento no autorizado, b) reuniones técnicas, c) fracaso de convenios, d) bloqueo de calles, e) paro de transporte, y finalmente f) incremento de la tarifa.

Cada vez son más los dedos que señalan a este sector económico del autotransporte para acusarle de un fatal retraso de medio siglo en procura de alcanzar los estándares más modestos de calidad de servicio. Sin necesidad de más argumentos se puede concluir que el servicio de transporte urbano es mugriento, desastroso y deplorable. ¿En qué nos equivocamos para merecer este castigo? La culpa la tienen los gobernantes civiles y militares del siglo pasado, que entregaron este servicio público, como comodín, para que sea administrado por quienes no quieren servir a su pueblo. Son muy conocidas esas prebendas que encumbraron políticamente a unos cuantos dirigentes sostenidos por organizaciones piramidales de oscura estructura, que ahora en medio del Estado Plurinacional siguen medrando sus beneficios y gangas.

Es el mismo sector que, a cambio de lealtad a la autoridad de turno, ha ganado el amparo oficial para obrar con impunidad especialmente cuando de infracciones de tránsito se trata, incluso las negociaciones de tarifas fracasan adrede por esta confabulación. Es que es tan grande el poder que maneja el sector que la fractura entre el transporte “federado” y el “libre” demuestra sólo una “democrática” repartija de privilegios que contentan a todos. Es la atomización y masificación de los sindicatos, con miles y miles de afiliados, que provocan esa irreversible ineficiencia de las políticas públicas de transporte urbano, que de hecho no existen.

Lastimosamente se ha gestado instintivamente una complicidad del pueblo en este desastre, porque sencillamente ha sacrificado su comodidad por la necesidad urgente de no caminar, a tal grado que si existirían lomos de burros no importaría. Esto ha restado calidad al servicio y ha exaltado el entusiasmo de quienes siempre quieren aparecer con más derechos que obligaciones. Franquicias tributarias para conservar la propiedad de vehículos obsoletos y proteger su importación nefasta; misterio grosero en los registros de ingresos por pasajes; liquidación nula de impuestos; subvenciones en la compra de combustibles (diesel y gas), exención de inspecciones técnicas, rebajas en el pago de valores fiscales (rosetas) y seguros de accidentes, etc. Un rosario de prerrogativas que nublan cualquier posibilidad de solucionar este entuerto.

Para terminar un lirismo: Con la nueva Constitución Política en la mano lo que conviene a todos es imponer el interés colectivo en el autotransporte; además de dar rienda suelta a que el pueblo ejerza “control social a la calidad” de este servicio público y que el Estado garantice el acceso a un sistema de transporte que sea eficiente y eficaz, de tal modo que genere “beneficios a los usuarios y a los proveedores” (arts. 76.I y 241.III CPE). Imposible, ¿verdad?; entre tanto se viene un incremento en la tarifa de transporte para mal de quienes consintieron este escenario malsano.

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