Como no podía ser de otra manera, el gobierno municipal de La Paz, la ciudad más cosmopolita de Bolivia, ha tomado el liderazgo y mediante la Ley Municipal Nº 12/2011 ha creado su propio impuesto que grava la propiedad de bienes inmuebles y paralelamente ha iniciado un proceso transitorio para eliminar el antiguo Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), que tantos problemas ha generado a los municipios de todo el país. No debemos olvidar que el IPBI fue creado el siglo pasado en pleno auge de la democracia republicana, como una graciosa concesión del centralismo político. Sin hacer miramientos, ni exaltar resentimientos hacia determinadas clases sociales, y siempre en resguardo del bien general, la Alcaldía paceña en días pasados entregó a las autoridades del Concejo Municipal el proyecto de Ley de Regularización Voluntaria de Deudas Tributarias Municipales, con el que se pretende perdonar y borrar la cuenta por cobrar que pesa sobre el IPBI y así pasar limpiamente a un nuevo sistema tributario enteramente autónomo.
La gran carga de expedientes sin resolución, los infinitos procesos de fiscalización, el inmenso aparato burocrático, los insubstanciales reglamentos, las liquidaciones mal fabricadas, el cobro abusivo de multas e intereses, entre otros defectos, han originado una resistencia natural entre la ciudadanía a la hora de pagar impuestos municipales, y lo peor es que esta conducta se contagió de manera exponencial entre la población. A las autoridades ediles de la ciudad de La Paz no les ha costado mucho reconocer esta realidad y les ha dolido percatarse que la deuda que mantienen los ciudadanos sólo por los impuestos impagos de inmuebles y vehículos asciende a Bs 190 millones, y que fácilmente superarían los Bs 500 millones, si se toman en cuenta las multas e intereses acumulados por la negligencia administrativa para cobrarlos oportunamente. Precisamente este proyecto de ley municipal pretende condonar los intereses y multas no sólo de los impuestos municipales impagos, sino también incluye un “perdonazo” de multas e intereses por el impuesto a las transferencias, las tasas y patentes e incluso las licencias de funcionamiento.
En cambio, en el municipio de Cochabamba no se sabe a ciencia cierta cuántos propietarios de bienes inmuebles han pagado su obligación tributaria, cuántos millones en dinero están pendientes de cobro por concepto del IPBI, tampoco sabemos si las deudas tributarias se cobran legalmente; en otras palabras, un manto de misterio cubre el cobro de impuestos en la ciudad de Cochabamba, lo que nos mueve a presumir que el momento histórico de la creación del nuevo impuesto 100% autónomo sobre los inmuebles simplemente es un alarido postergado para los próximos años.
Lo que debería hacer el municipio de la Ciudad Jardín es dejar de mirar esos expedientes acumulados o perdidos que dicen mal de su gestión de cobranza tributaria y concentrarse en diseñar una solución a ese problema que indudablemente afecta a más de 100 mil contribuyentes en Cochabamba. En este propósito hay que emular las experiencias exitosas, como aquella que está punto de consumar el municipio de La Paz, y ante todo hay que consolidar el concepto de que Cochabamba bien puede ser una ciudad cosmopolita que brilla por las contribuciones de sus ciudadanos. Esta demás hacerle recuerdo al Concejo Municipal que ya debería asumir la competencia plena de crear, modificar o eliminar los impuestos; antes que los ciudadanos, con todo derecho, presenten sus propuestas de creación de impuestos, como manda el artículo 18.II de la Ley Nº 154 de Clasificación de Impuestos. Llegó la hora de cobrar y pagar impuestos de forma eficiente y oportuna, pero de aquí en adelante con igualdad, justicia y reglas claras.