Apuesta y alegato contra el régimen simplificado

Alguien desde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas lanzó fuego cuando anunció que se está trabajando un proyecto de ley de eliminación del Régimen Tributario Simplificado (RTS) al que pertenecen unos 20.000 minoristas, artesanos y vivanderos. De inmediato, estos protestaron en defensa de su “derecho a no facturar” y “no exigir facturas”, porque de lo contrario, dicen, se “desvirtuaría el sistema y los costos se encarecerían”. Para apagar este incendió salió la viceministra de Política Tributaria y ratificó que el RTS no se eliminará y que lo que se quiere es evitar que los minoristas compren artículos a los contrabandistas (sic). Con estos hechos se descubrió la doble moral de los servidores y la discriminación que encarna el RTS.

Para mejor entender el sentido de la Ley 45 antirracista; la discriminación (art. 5.1) ha quedado definida como toda forma de distinción, exclusión, restricción o “preferencia” fundada en razón de condición económica, social o de profesión, ocupación u oficio, que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos y libertades, en condiciones de igualdad reconocidas por la Constitución Política del Estado. Con este argumento y una acción contundente del gobierno, el RTS debería desaparecer en un santiamén. Es que durante más de 20 años este régimen tributario ha refugiado a cientos de miles de gentes sencillas, lideradas por políticos de profesión, que han ido ofreciendo sus lealtades a todos los gobiernos de turno a cambio de preferencias y privilegios tributarios.

Son tan impresionantes las ventajas que gozan los operadores del RTS que ahora tienen exagerados derechos fiscales y unos deberes tributarios que se limitan a seis papeles cada año y unas cuantas decenas de monedas. Esto suena a desequilibrio, injusticia y discriminación; mucho más si los funcionarios del Viceministerio de Política Tributaria y el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el mismo día y en una oficina, se ofrecen de cuerpo entero para defender al RTS y su perpetuación; pero en otro gabinete con el dedo índice señalan a 80.000 contribuyentes, en su gran mayoría profesionales liberales, comerciantes y pequeños empresarios legalmente establecidos, para cargarles con mayores obligaciones fiscales en la presentación de declaraciones juradas, dosificación de facturas, obtención de extractos tributarios y envío de registros de compras y ventas por vía electrónica. Para saber si usted es uno de los 80.000 revise la lista RND10-0023-10 que aparece en www.impuestos.gob.bo.

Esto no es normal, como tampoco es natural que las cámaras empresariales estén reclamando por las clausuras de establecimientos formales que no emiten factura y acordando con el SIN ejercer “juntos” control sobre cientos de miles de negocios informales que tampoco lo hacen. Lo que se debería hacer es exigir al Órgano Ejecutivo la imposición general y contundente de los nuevos principios constitucionales de la igualdad y la universalidad tributarias (art. 323, parágrafo I, CPE) y hacer cumplir, a sangre y fuego, la nueva Ley 45 contra el racismo y toda forma de discriminación en el ámbito tributario y fiscal; eliminado de cuajo al RTS y todos los regímenes especiales. Si esto resulta absurdo, entonces lo correcto y justo sería que a todos los contribuyentes del régimen general les asignen los mismos derechos y obligaciones del RTS. De uno u otro modo, por lo menos se espera que en el ingreso a las oficinas del SIN, se coloquen esos carteles que digan “Todas las personas son iguales ante la Ley”, como manda el artículo 15.3 de la Ley 45. Dicen los expertos en asuntos imposibles que si se toca el RTS, el gobierno cae. Así, ¿quién quiere apostar?

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