Acento cubano en las nacionalizaciones

El proceso de nacionalizaciones y la recurrente intervención estatal a través de la expropiación en varias empresas privadas se ha acelerado en las últimas semanas. Así fue este viernes cuando en la ciudad de Santa Cruz, la Fiscalía allanó y posteriormente precintó las oficinas de la empresa india Jindall Steel Bolivia en busca de documentación que sirva para aportar a la investigación en el proceso penal que se le sigue a la compañía, por unos supuestos delitos contra los intereses económicos del Estado Plurinacional de Bolivia. Esto es consecuencia de la decisión empresarial de rescindir el contrato para explotar la mina de El Mutún, situada en la frontera con Brasil, “por culpa del Gobierno de Evo Morales … y debido a las actitudes anti inversionistas y de no cooperación al inversionista extranjero por parte del Gobierno de Bolivia (…)”, así justificó la firma en un comunicado difundido en La Paz.

Este escenario ha pintado una mancha más al tigre nacionalizador que encarna Evo Morales y su séquito de ideólogos del proceso de cambio. Es que los movimientos sinuosos de los expropiadores tienen una marcada ubicuidad y, así como Dios, están presentes al mismo tiempo en todas partes. Ocurrió también este viernes cuando el gobierno decidió recuperar mediante Decreto Supremo, las propiedades del hotel y terminal de buses de Oruro que fueron privatizadas en los años 90. Como se perfila normal en estos casos expropiadores, el gobierno ordenó  la intervención policial inmediata de ambas infraestructuras para que pasen a manos de la Gobernación orureña, tal como ha ocurrido en los últimos tres meses con la nacionalización de la TDE, capitalizada por Red Eléctrica Española; la mina de Colquiri, concedida legalmente a la suiza Glencore, y la mina Mallku Khota descubierta y explorada por la minera canadiense South American Silver.

El afán de nacionalizar coincide perfectamente con lo ocurrido en 1959, cuando el Gobierno Revolucionario de Cuba promulgó una serie de decretos que llevarían a la eliminación total de la gran y mediana propiedad privada, nacional y extranjera, permitiendo tan sólo a los cubanos conservar la propiedad solo sobre inmuebles particulares, bienes de carácter personal y pequeños negocios que no excedan cierta cantidad de bienes definida por el gobierno. Como olvidar aquella noche del sábado 6 de agosto de 1960, cuando Fidel Castro anunció la nacionalización de 26 compañías norteamericanas. Estás nacionalizaciones cubanas tuvieron un marcado carácter antimperialista, que en principio no eliminaban la propiedad privada, haciendo creer que no se afectaba a la clase media cubana. Años más tarde, esta clase social terminó desilusionada porque Fidel liquidó definitivamente cualquier vestigio de propiedad sobre las empresas privadas y los negocios particulares.

Después de 52 años de nacionalizaciones y expropiaciones, Cuba es lo que es, un país económico infecundo y muy desprestigiado por su marcado radicalismo frente a la inversión y la propiedad privada; y precisamente estas características negativas están pretendiendo se emuladas por algunos operadores radicales incrustados en el gobierno masista, que lastimosamente tienen bastante influencia. Precisamente estos socialistas del siglo XXI han empujado al presidente Morales para que, antes del 6 de agosto y en Oruro,  convoque a los ex constituyentes y los asambleístas plurinacionales con el fin de analizar la implementación de la Carta Magna y acelerar la caída en picada hacia el comunitarismo, que tanto bien y prosperidad ha traído para los jerarcas azules, más todos los males para el pueblo boliviano que, como el cubano, tiene que estar preparándose para las peores calamidades.

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