La clausura por no emitir factura se ha convertido en un deporte nacional, muy arraigado y perpetuado. Tal es así que me siento en la obligación de relatar este hecho verídico: “El que no pasó por una clausura es un gil” se dijo en una rueda de amigos, todos empresarios del sector formal (sí, formal). Estos bellacos también comentaron que “el negocio del empresario equis ya fue clausurado equis veces en lo que va del año”, rompiendo todos en carcajadas, pero no faltó el que destacó su picardía: “a mí me clausuraron cuarenta veces y eso no es nada, porque aún sigo bien parado” (sic). Después de escuchar esto, me propuse destacar el desequilibrado acto de la clausura y resaltar mi extrañeza por la cantidad de establecimientos comerciales y de servicios cerrados con los precintos de clausura.
Con acentuada ironía me atrevería a decir que constituye una odisea encontrar alguna tienda abierta y a cualquier mortal le daría la impresión de que el Estado Plurinacional de Bolivia está imprimiendo una presión fiscal muy eficiente en su lucha contra la evasión tributaria. Escenario muy extraño éste, porque aquí algo está fallando o está mal encajado y precisamente parece ser que los letreritos de “exija su factura” o las ferias que organiza el Servicio de Impuestos Nacionales para estimular la cultura tributaria, para nada sirven
Todos saben que la única forma de documentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) es a través de la factura, que debe emitirla el vendedor y recibirla el comprador por cualquier contrato bilateral que se materializa en cada venta de bienes o servicios, entonces deberían ser ambos personajes, los encargados por el Estado, para controlar mutuamente, y de forma recíproca, el pago del tributo así como la entrega del comprobante que es la factura. Tan es así que ambos deberían también estar sujetos a penalidades por no cumplir su deber. Por lo que exigir la factura o emitirla debía ser tan natural y espontaneo como pedir el dinero de sobra al hacer un pago.
En la actualidad la responsabilidad por la emisión de la factura, sólo y exclusivamente, descansa en el prestador del servicio o el vendedor de bienes, pero la ley de forma mañosa ha relevado a los compradores del deber formal de exigir la nota fiscal. Este hecho descubre que la cadena está rota y la inmoralidad campea cuando se permiten este tipo de liberalidades, especialmente cuando el vendedor no emite la factura si no se la exigen o negocia el tributo con el comprador a cambio de una rebaja. La ley nos enseña que los tributos son innegociables y si los negociamos estamos defraudando, malversando, hurtando o desfalcando al fisco, a sabiendas que evadir el tributo nos puede privar de algunos servicios públicos (más caminos, escuelas, policías, etc.).
Ya es hora de que se responsabilice y penalice al comprador de bienes y servicios por incumplir su deber formal de exigir su factura, también ya debería darles vergüenza a los operadores del Servicio de Impuestos Nacionales por continuar con esta práctica clientelista que permite la consumación de hechos tan inmorales que atentan contra el bien común. No debería tardarse un minuto más en la emisión de una norma que castigue la avenencia para dejar de emitir la factura, y la condescendencia para evadir el tributo, así como la reincidencia en las clausuras y la omisión en el requerimiento de facturas. Así se acabarían estos sucesos desvergonzados, que para algunos constituyen una gloria o una ventaja comparativa. Entre tanto una o veinte clausuras son nada.