La Alcaldía de Riberalta, ha ideado una curiosa medida de facto que se aplicará al 96 % de los propietarios de vehículos que no pagaron el Impuesto sobre la Propiedad de Bienes. La medida se refiere a que los evasores no podrán adquirir combustible en las gasolineras de esa ciudad. Así no se cobran impuestos. En este escenario municipal se nota una falta de conciencia tributaria en la ciudadanía que alimenta estas formas ilegítimas e ilegales para sancionar las evasiones. Sólo tendremos que imaginar a que artificios y maniobras recurrirán las comunidades indígenas para cobrar, en cada tranca de cualquier pueblito, esos nuevos impuestos que la nueva Constitución Política les permitirá. Los enterramientos, incineraciones, secuestros de familiares y otras formas ancestrales de coacción serán aplicados a los evasores. Votar por el NO disuelve estas susceptibilidades.
En cambio, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) durante la gestión 2008, como una muestra clara de modernidad y eficiencia, ha incrementado sus recaudaciones tributarias en 21 % respecto del año 2007, de 23.228 millones a 28.174 millones de bolivianos, sin necesidad de accionar las medidas coercitivas que están estipuladas en la ley y sin recurrir a curiosos artificios. Esta conducta de los contribuyentes en el ámbito nacional muestra la alta conciencia tributaria que han desarrollado en los últimos años. Desde que en 2000 se institucionalizó el SIN, se ha incrementado la sensación de riesgo, pero también la aceptación del sistema tributario por parte de los contribuyentes, traduciéndose en un mayor cumplimiento voluntario de las obligaciones, en una menor evasión y, por tanto, en mayores niveles de recaudación. Ahora se ven los frutos de un proceso legítimo de institucionalización, que no debe ser lastimado por la intromisión política y menos por la corrupción.
El propio ministro de Hacienda, ha destacado este comportamiento en las recaudaciones impositivas, indicando que los ingresos tributarios para el TGN representaron más del 60 por ciento del total, sin olvidar que en el ámbito nacional sólo 249.907 contribuyentes registrados son los que generan esos ingresos. Este número de contribuyentes debería incrementarse con la inclusión de muchos sectores de la población, incluidos los indígenas, que desarrollan actividades marginales que mueven ingentes cantidades de dinero sin control alguno; y que lamentablemente están vinculados con el contrabando y la evasión fiscal.
Si los objetivos de recaudación se han incrementado en esa proporción tan significativa, en sana lógica corresponde que los funcionarios del SIN, comparativamente, sean los mejor remunerados de toda la Administración Pública, incluso más que el propio Presidente y los altos ejecutivos de ENTEL, por ejemplo. Este simple hecho, puede alejar la corrupción; además de atraer y retener a los funcionarios idóneos que se destacan por su desempeño profesional de calidad, siempre para lograr que los contribuyentes consientan los impuestos, y además que piensen que el sistema tributario es justo.
El 21 % de incremento en las recaudaciones indica también que los contribuyentes de forma generalizada aceptan que son tratados individualmente con justicia tanto por las normas como por las Administraciones Tributarias. Si este año 2009, los principales ejecutivos del SIN se han propuesto nuevamente incrementar las recaudaciones, lo que convendría es promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, mejorar las campañas informativas institucionales, reforzar los derechos y garantías de los contribuyentes para que estén debidamente informados y asistidos, simplificar y gestionar eficazmente el sistema tributario y luchar contra la evasión fiscal, siempre de forma legal. Alejar la corrupción de estos objetivos es tarea vital para el sostenimiento de un sistema tributario que ya está funcionando; y que puede ser fragmentado si se aprueba la nueva CPE. No podemos darnos el lujo de pulverizar la conciencia tributaria lograda hasta ahora. Nunca estuvimos tan bien.