¿Somos de armas llevar?

En el Catecismo Católico (vigente) se indica: “La resistencia a la opresión de quienes gobiernan no podrá recurrir legítimamente a las armas sino cuando se reúnan las condiciones siguientes: (1) en caso de violaciones ciertas, graves y prolongadas de los derechos fundamentales; (2) después de haber agotado todos los otros recursos; (3) sin provocar desórdenes peores; (4) que haya esperanza fundada de éxito; (5) si es imposible prever razonablemente soluciones mejores “ (sic 2243).

Pese a esta advertencia teologal contra los malos gobernantes, el Presidente Hugo Chávez ha instruido a su par boliviano resucitar de manera subrepticia el  proyecto de “Ley sobre el Uso de Armas y Explosivos”, pretendiendo con la “mano derecha” limitar el uso de armas a los ciudadanos bolivianos que tratan de defenderse de los invasores o agresores internos; como pudiera ser el caso de cualquier propietario de tierras en el altiplano, el valle o la llanura; especialmente cuando la autoridad pública está ausente de manera deliberada.  Con la “mano izquierda” más la doble moral y con careta distinta, nuestro gobierno está diseñando la entrega de “armas cubanas al pueblo boliviano” para defenderse del imperialismo.

¿Es necesario portar armas de fuego por razones de seguridad? Los hechos vividos justifican la tenencia, cuando la presencia física de la Policía Nacional es nula en cualquier conflicto.  Pero sintomáticamente se están dando casos en los que la Policía está omitiendo actuar y cumplir su deber por instrucciones superiores, sólo para moldear e indisponer algún escenario social que permita al gobierno impulsar políticas favorables a sus intereses, como cuando se invaden tierras y propiedades.

Es que la incertidumbre y la inseguridad generadas por el hecho de que la autoridad sólo defenderá a las personas que le convienen políticamente, pone susceptible a cualquiera.  También los anuncios populistas de “cambio radical en la conducta del boliviano”, han colocado a la defensiva a mucha gente, que en el futuro podría verse obligada a defender legítimamente sus derechos, sean estos a la vida, la seguridad, la propiedad, la libre expresión, la independencia de poderes, la asociación lícita, etc. y tantos otros derechos que nacen de la convivencia humana y del Estado de Derecho.

En estos casos la legítima defensa puede ser no únicamente un derecho, sino una obligación imperiosa. Por esa razón y cuando se trata de la defensa del bien común, todos sin excepción estamos en el deber de expulsar al agresor (interno o externo) con el fin de que no cause más daños y perjuicios.  Pero siempre debemos insistir que la autoridad, ante la primera alerta, tiene el deber legal de rechazar, incluso con el uso de las armas, a los que violentan contra la sociedad y los derechos fundamentales de cualquiera de sus miembros, sin distinción de clases o credos.

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