Por razones de Estado, se han establecido en el país varias alianzas entre los operadores políticos con los grupos del poderío económico que controlan la importación (legal o ilegal) de bebidas alcohólicas. Es de dominio público que estos grupos gozan de ridículas protecciones para seguir operando a costa del fisco de la industria nacional de bebidas. El ciudadano común no sabe que el litro de cerveza, que ingerirá este viernes, incluye un impuesto a los consumos específicos (ICE) de Bs. 1,56 que representa el 25% de su precio, sin incluir el IVA. Además todos ignoramos que el litro de un buen whisky importado, que cuesta aproximadamente Bs. 165, sólo incluye un ICE de Bs. 6,49, que significa, más o menos, el 4% de su precio.
La política tributaria boliviana, por un lado, privilegia y conserva el elixir escocés con tasas fijas tan bajas y, por otro lado, castiga al empresario industrial y al trabajador fabril bolivianos que sostienen una industria de bebidas de consumo mayoritario. Esto es absolutamente irracional e injusto, si el fin del impuesto es gravar los consumos específicos, traducidos en bienes suntuarios y lujosos. ¿La cerveza es suntuaria?
En el proyecto de reforma de la Ley 843 se nota la debilidad de la política tributaria que pretende el fomento a la industria nacional con la rebaja insignificante de las tasas fijas por cada litro de bebida hecha en Bolivia. Pero similares productos importados ingresan al país, bajo políticas regresivas de subvención. Es el caso de las «tres latas por Bs. 10» de Quilmes o de Bud que incluyen un ICE de Bs. 2,34 y como es obvio el impuesto alcanza sólo el 23% del precio. Un precio y un impuesto muy bajos respecto de los cobrados en países de origen. Así son mejores las bebidas importadas.
Con razón, los contrabandistas y, en especial, los traficantes de bebidas alcohólicas están adecuadamente preparados para proceder con la falsificación de célebres marcas de rones, whiskys, vodkas, etc. Esta adulteración física de alcoholes conlleva la falsificación del medio de control (el timbre fiscal) que acredita el pago del ICE, y los expertos recolectores de botellas vacías de marcas afamadas y con etiquetas intactas (botelleros), cierran el círculo de la defraudación tributaria. El contrabando y la adulteración de alcoholes seguirán siendo un buen negocio que estará controlado por los botelleros, los contrabandistas y los personajes del hampa criolla, que están jugando con el fisco, la salud de los pobres bohemios y el estoicismo de los sofisticados dipsómanos.
Bolivia tiene el deber de cambiar esta política y plasmarla en la reforma proyectada de la Ley 843. Se debe establecer el cambio de política de imposición sobre la base del grado alcohólico, dejando el litro como base para el calculo imponible. Para lograr este objetivo será importante comenzar con las bebidas de producción extranjera.
Las bebidas importadas se deberán gravar con tasas que superen los Bs. 50.- por litro si su grado en superior a 10. Para las bebidas importadas con grado alcohólico inferior a 10 y la cerveza extranjera se aplicarán las mismas alícuotas establecidas para los productos similares de producción nacional con un incremento del 25%.
Como en el resto de los países y con este historial, ¿porqué no se reduce el impuesto para las cervezas nacionales por su bajo grado alcohólico? Al final, se sabe que Bolivia tiene el índice más bajo de consumo de cerveza per cápita en Latinoamérica. Por todo esto, salud y seco.