Esta semana dos asuntos han complicado la vida y la agenda del Ministro de Obras Públicas: el aeropuerto de San Ignacio de Velazco y el tren metropolitano de Cochabamba. Son los millonarios proyectos comprometidos a dos empresas españolas, una en quiebra (Joca) y otra con unas prácticas muy prolongadas en soterramiento de basura (Contratas Iglesias). Poco o nada han hecho las autoridades bolivianas para despejar las susceptibilidades que se han edificado sobre las sonoras incompetencias de las empresas peninsulares; menos han querido dar información sobre los relacionamientos contractuales; peor saben explicar si estas obras de fantasía cuentan con el documento base de contratación, como manda la normativa, o si tienen términos de referencia o un proyecto urgente que justifique la construcción. Lo único que sí sé es que el gasto ya fue autorizado con la garantía del Estado Plurinacional de Bolivia, para su desembolso inmediato en alguna cuenta bancaria radicada en la mismísima Madre Patria. Este hecho es precisamente el que genera la mayor cantidad de suposiciones, y puede motivar a los falsarios para que esparzan mentiras, que de tanto repetirlas pueden terminar confirmando verdades.
Fue el pasado jueves que leí, en el foro virtual de un prestigioso diario español, éste comentario intrascendente que me dejó perplejo. Decía: “Es que en España existe una sarta de empresarios quebrados que han ofrecido su apoyo a Podemos para financiar su campaña a las presidenciales del 20D, a cambio de obras en los países amigos del chavismo.” ¿Qué?. Resulta increíble que algo así se comente, pese a que en este pobre país se conocen las relaciones que mantienen los líderes del masismo con los políticos españoles que sintonizan con la línea del chavismo, aquellos mismos que enaltecen el socialismo del siglo XXI.
Puede que el comentario que he transcrito resulte siendo una sospecha, pero lo que ya resulta evidente es la obstinación de las empresas españolas y su insistente negativa para ofrecer explicaciones sobre sus relacionamientos contractuales, sus experiencias empresariales o sus vínculos societarios. Todo un misterio. Por el contrario, han demostrado de manera subrepticia una desesperación inigualable por firmar, cuanto antes y cómo sea, esos contratos multimillonarios, que por el más básico principio de transparencia, deberían ser conocidos por la opinión pública.
Lo que se sabe en Bolivia de Podemos es que Pablo Iglesias, uno de sus líderes, ha recibido dinero de nuestro gobierno; y que también uno de sus socios, de apellido Monedero, ha ocultado unos depósitos de dinero chavista en su cuenta personal, sin pagar impuestos. Pero lo que no queremos saber es que los socios políticos del socialismo del siglo XXI han emprendido una colecta solidaria para financiar la campaña electoral de Podemos en España, con miras a las elecciones presidenciales del próximo 20 de diciembre. Menos quisiera saber que las empresas españolas que desembarcaron en Bolivia para obrar en emprendimientos majestuosos, estén fungiendo de canaletas para inyectar dineros públicos en campañas electorales foráneas. Sería el colmo, por eso siempre he de preferir que aquel comentario quede como una simple conjetura.