Lo peor del colonialismo cocalero

Allá por 1986 el padre jesuita Federico Aguiló, defensor de los derechos humanos, denunciaba que el proceso de colonización en el Chapare con campesinos collas había producido de forma violenta la expulsión de los indígenas originarios de sus territorios y el sometimiento forzoso de estos al sindicalismo cocalero, que utilizó en un principio artificios eminentemente racistas para lograr la neutralización del grupo humano originario, hasta casi lograr su extinción total. Le preocupaba al padre Aguiló la participación activa en el circuito de la cocaína de los niños y niñas, hijos tanto de los originarios y de los colonizadores collas, ya sea para consumirla o colaborando con sus padres en la producción y comercialización de la droga. (Cuarto Intermedio, número 1).

Hace 24 años y cuando el colonialismo cocalero aún estaba en pañales esta alarmante afirmación cayó en saco roto; pero ahora no estaría de más recordarla para cuestionar seriamente los débiles fundamentos ideológicos del sindicalismo cocalero del siglo XXI que ha emprendido la tarea, como si fuera el único reservorio moral de este país, de lapidar al padre salesiano Tito Solari, por sus «falsas acusaciones» relativas a la participación de niños y jóvenes de esa región en el narcotráfico. Sencillamente, ahora y antes, estos sacerdotes católicos dicen y dijeron la verdad: los niños del Chapare participan del narcotráfico; y bien lo saben los propios cocaleros, su máximo líder y los servidores públicos del partido oficialista. Por esto no se necesitan pruebas para confirmar que el grado de culpabilidad o implicancia de los cocaleros en el narcotráfico es directamente proporcional a la vehemencia con que ellos niegan todas y cada una de las sonaras verdades que la comunidad entera ya conoce.

Este es un tema de Estado que no tendrá una solución muy rápida a corto plazo, pese a que el gobierno ha tratado de tapar el problema distrayendo la atención del pueblo hacia otros escenarios, muy ridículos por cierto, como la creación de un tributo sobre los diezmos que pagan los fieles en las distintas confesiones religiosas o la imposición del requisito oficial del matrimonio indígena originario que debe ostentar cualquier ciudadano para acceder a la función pública en el Estado Plurinacional de Bolivia. Pero lo que ha llamado la atención es el testimonio vertido por Alejandro Almaraz, ex Viceministro de Tierras del propio gobierno masista; quién, en sintonía perfecta con los padres Solari y Aguiló, ha denunciado el avasallamiento de tierras fiscales e indígenas en el Chapare para la plantación grosera de coca ilegal, cuya producción sin duda alguna está destinada al narcotráfico, profundizando así un abusivo proceso colonizador conducido por sindicatos cocaleros, a los que no les interesa en lo más mínimo el reconocimiento de la integralidad del territorio indígena originario.

Ya no queda duda que la peor faceta del colonialismo cocalero, denunciada hace mucho tiempo por el padre Aguiló, se materializa en esa estructura de relaciones de dominio y explotación de un poderoso grupo de campesinos collas sobre la población indígena y originaria de la zona del Chapare. Es precisamente esa estructura «dura» del sindicalismo cocalero que también ha provocado serias y profundas desigualdades económicas y sociales dentro de un escenario tangible, donde se exalta al cocalero rico y se oculta al yuqui indigente o al yaracaré pobre. El Ministerio de Culturas, a través del Viceministerio de Descolonización, debería emprender en el Chapare un proyecto responsable de desmantelamiento urgente de cualquier forma abusiva de desigualdad económica o social basada en identidades étnico-culturales. Entre tanto, estamos en el deber moral de acoger favorablemente las verdades que nos cuentan esas personas honestas, y que tanto molestan a los cocaleros.

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