Con horror he conocido la noticia que los servidores públicos de la Alcaldía han renunciado a su deber de resguardar los bienes de dominio público; y se han propuesto entregar a un grupo poderoso y a título gratuito nuestras calles y avenidas, en abierto desconocimiento de la normativa constitucional. Es la cuadrilla de siempre que reclama la propiedad sobre de varios puestos de venta en algunas calles de la ciudad que fueron “vendidos” a comerciantes callejeros; y pide el derecho a construir casetas de dos pisos en plena vía pública (repito: vía pública). Esta escena cargada de miseria, desluce el estado de desarrollo humano que yo supuse estábamos logrando.
Lo cierto es que estos grupos están hechos para infringir las leyes y la normativa jurídica, y con mucha habilidad política se muestran muy persistentes a la hora de aprovecharse del desorden y el caos que las autoridades ediles deliberadamente omiten controlar. Aunque parezca increíble los funcionarios de la Intendencia Municipal no arremeten contra los comerciantes informales que, desde mediados del siglo pasado, han invadido las calles y las aceras. Por acuerdos políticos, y ahora que José María Leyes está por retomar la silla edil, no se retirarán los comerciantes de las calles y menos se tomarán acciones para retirar de las calles esos anaqueles, garitas, kioskos, estantes y demás tucuimas. Lo malo de todo es que los cochabambinos han optado por la indiferencia y la inercia, sacrificando la armonía y el bien vivir.
Todos sabemos que las calles son de dominio público y por tanto “inalienables”, es decir que no se pueden vender a personas particulares, pero por razones políticas las autoridades del municipio han negociado con el gremio del comercio ambulante que está nutrido de parentelas sin vergüenza que se han propuesto vender en propiedad cada sitio callejero. Son ellos que han invadido nuestras calles y nos han hecho entender a empellones que existe una nueva clase social que está vinculada con actividades tan cuestionadas como son el contrabando de mercaderías, la venta de artefactos robados o desmantelados, la venta inescrupulosa de comidas y bebidas sin seguridad alimentaria, y un sinfín de actividades lucrativas bastante deshonestas y arbitrarias que se consuman en plena vía pública.
Lo peor de todo es que la mayoría de los infractores y ocupantes de las calzadas y aceras, no solo reclaman su propiedad sobre el puesto, sino también el ejercicio de sus derechos en nombre de la pobreza, la falta de trabajo y la inexistencia de mercados, sin asumir el compromiso básico para cumplir obligaciones con la armonía y coexistencia humanas. Es gente que ni siquiera paga impuestos para el sostenimiento de los servicios básicos, de los que es la principal beneficiaria.
Al Alcalde, él que ejerce hoy o el que ejercerá pasado mañana, le corresponde mejorar el entorno urbano de la ciudad de Cochabamba, pero con una visión de futuro ya deberían poner orden en las calles y recuperarlas para los ciudadanos, pese a quien pese, además de erradicar esas conductas medievales de esos grupos sumidos en el abuso, el delito y la ignorancia intencional. Llegó la hora para someter a los funcionarios municipales a procesos de responsabilidad por esta escandalosa omisión en el cumplimiento de sus deberes de resguardar la propiedad pública.
