El “perdonazo” tributario municipal

El Municipio de Cochabamba publicó la Ley Municipal Nº 143 que establece un programa de regularización de adeudos tributarios que tienen pendientes de pago los contribuyentes. Este programa fiscal suponemos que salvará momentáneamente la crisis económica en la que se encuentra el Municipio por la escasez de recursos económicos. El “perdonazo” tributario se ha venido diseñando desde hace tiempo tras, emulando las experiencias que ya tuvieron los municipios de La Paz y de Santa Cruz, con resultados variopintos. Como abogado tributarista y defensor de muchos contribuyentes he acumulado la suficiente experiencia para entender la dinámica de la tributación municipal y conozco todas las aristas del sistema malsano que se maneja. Ante una solicitud previa, el pasado 4 de mayo el Concejo Municipal me recibió en audiencia pública y planteé que los servidores ediles ingresen en un proceso de sinceramiento institucional para verificar sí su accionar tributario coincide con las mañas del pasado. También propuse algunas soluciones fiscales que resultaron del agrado de los concejales, incluso ellos comprometieron mi colaboración y participación en el proceso de socialización del proyecto de ley. Y como resultó irónico, la ley ya fue aprobada y la socialización se dejó esperar.

En esa audiencia pública denuncié todos los artificios administrativos que desnaturalizaron los trámites tributarios que emprendían de buena fe los contribuyentes; y que para sorpresa de todos fueron conservadas por los nuevos agentes políticos que gobiernan este municipio. Lo peor de todo es que el gobierno municipal pone en entredicho su propia autonomía cuando las liquidaciones tributarias sobre los bienes inmuebles, vehículos automotores y actividades económicas se practican a control remoto desde la ciudad de La Paz. ¿Autonomía? ¿Dónde?

El contribuyente cochabambino sigue soportando la postergación de las resoluciones a sus pedidos; se reportan cotidianamente pérdidas de expedientes; se realizan notificaciones falsas; se ejecutan deudas tributarias originadas en bienes inexistentes; se persiguen a contribuyentes fallecidos, así como se cobran patentes municipales sobre actividades económicas cerradas hace décadas como si estuvieran vigentes, entre otras tretas. En la actualidad son muchos los casos de personas que habiendo transferido sus bienes hace muchos años, están soportando retenciones coactivas de sus cuentas bancarias, porque los compradores no cumplieron algunos deberes formales que no están debidamente normados. El desastre es total.

Lo primero que debió haber hecho la Alcaldía es conocer y consultar las experiencias de los contribuyentes y traducirlas en una ley facilitadora del cumplimiento de obligaciones fiscales en mora. También previamente debió crear un registro de contribuyentes debidamente saneado y aprobar un reglamento de deberes formales, que actualmente el Municipio no los tiene. En fin, espero que este proceso de regularización tributaria, pese a sus falencias, revierta esta situación negativa que viven los contribuyentes. Supongo que el reglamento aclarará todas las inexactitudes que han sido advertidas en el texto legal. Sólo me queda aconsejar a los contribuyentes que se informen antes de acogerse al proceso de condonación, porque todo parece indicar que las rectificaciones al “perdonazo” serán varias.

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