Por el momento los líderes de la oposición política en Bolivia han optado por enfrentar a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), para obligarles a renunciar a sus cargos como ha determinado el Comité de Defensa de la Democracia. Uno de los líderes opositores les calificó de “delincuentes” (sic), porque están urdiendo arbitrariedades y cometiendo crímenes para ensuciar las elecciones de octubre y permitir la reelección de los candidatos inhabilitados del oficialismo. Mañana lunes, varios colectivos ciudadanos marcharán en la ciudad de La Paz protestando contra la mugre que cubre el rostro de estos personajes siniestros. Creo que la sensatez ha obligado a los opositores a confirmar que el que comete un delito es un delincuente, y poco o nada les ha costado aseverar que el proceso electoral está administrado por malhechores.
Entre tanto los candidatos opositores para alguna senaduría o diputación, serán los únicos personajes en ser sometidos a los cuestionarios de habilitación, porque los candidatos a la presidencia y la vicepresidencia, que participaron en las elecciones primarias son “inimpugnables”, ya que se encuentran habilitados de “pleno derecho”; por mucho que grite la ciudadanía por el acto delincuencial que importó está decisión antidemocrática. Esta es una cuenta ensartada en el rosario de actos delictivos que han cometido los vocales, entre las muchas acciones ilegales e inconstitucionales que han materializado deliberadamente en el ejercicio de sus funciones, sin mencionar los delitos de corrupción política favoreciendo a ultranza a la candidatura oficialista.
Ya queda claro el texto legal que tipifica como delito electoral la inconstitucional convocatoria y la ilegal ejecución del proceso electoral de octubre próximo. La Ley de Régimen Electoral (LRE) vigente prevé la pena privativa de libertad de dos a cinco años y la inhabilitación para el ejercicio de la función pública por un tiempo de cinco años para los vocales del TSE que han dictado la convocatoria y han emitido instrucciones para el proceso electoral, totalmente contrarias a la Constitución Política del Estado; y lo que es peor están ejecutando y haciendo ejecutar dichas convocatorias o instrucciones (art. 238, inc. a, LRE). Pero entre la letra muerta de la ley y la realidad de los hechos existe una terrible evidencia: el premio a los facinerosos. De prosperar el proceso electoral a favor del binomio azul, no sólo los vocales del TSE serán ratificados en sus cargos hasta cumplir su periodo constitucional de seis años, sino que estarán perfectamente habilitados para gozar de privilegios en la función pública y ser designados embajadores, magistrados o ministros de alta jerarquía, con unas billeteras muy gruesas y gozando de impunidad.
Es delito también coaccionar o atemorizar en contra de servidores públicos o de cualquier ciudadano, para que se afilien al partido de gobierno o voten por el binomio azul; como son transgresiones la manipulación, alteración o supresión de datos informáticos en el registro electoral oficial; como así cualquier faena delictual que provoque la inducción del voto por la difusión ilegal de propaganda y encuestas; entre otros crímenes tipificados en la LRE que se están cometiendo en las narices ciudadanas. Con estos antecedentes todos los servidores azules ya deberían estar en la cárcel, por ser delincuentes electorales. Se viene otro octubre negro, y esta vez será memorable por el extremo grado de perversión que han inyectado los operadores azules.