Abogados de pacotilla

En el lenguaje cotidiano, ser de pacotilla significa ser de inferior calidad o estar hecho sin esmero. Y esta frase no deja de espantar cuando se aplica a los abogados que coexisten en torno a sus colegios o cuando calificamos a los jurisconsultos del gobierno. Con unos argumentos “neoconstitucionales” bastante convincentes se ha dictado el Decreto Supremo Nº 100 del flamante Estado Plurinacional que deja a merced del poder público la regulación del ejercicio de la abogacía, destrozando su institucionalidad; y tirando a la basura los ideales de libertad, que hace años los letrados y las letradas dejaron de levantar. Así es como los entes gremiales de los abogados han permitido pasivamente el desastre al que ahora enfrentan, consolidando el primer resultado tangible del proceso de desinstitucionalización, que el gobierno ha creado para profundizar la tumba de los gremios, depositar esos cuerpos inertes y darles tierra. Seguro siguen en la lista los médicos, los arquitectos, los ingenieros, etc.

Pese a algunos puntos de vista muy optimistas; de lejos los Colegios de Abogados, en todo el país, han resignado sus valores y sus fines institucionales.  La fuerte influencia política ha impedido acrecentar un liderazgo de verdad, provocando un serio deterioro de su esencia representativa y que ha servido como un vehículo óptimo para consumar intereses egoístas, personales o de grupo que traficaron con influencias. Este hecho fue abrazado por el MAS y con la complicidad de juristas agremiados, han desarrollado juntos esa enorme capacidad de transformar para mal cualquier ámbito jurídico de la vida cotidiana.

Ahora, en este país la mentira se transforma en la verdad, la concordia en la discordia, o contradictoriamente el insistente odio político entre rivales se puede transfigurar en una positiva expresión de ternura, especialmente entre quienes se dicen enemigos ante la opinión pública, pero resultan siendo los amigos más íntimos en la clandestinidad. Basta sólo certificar que en esta Bolivia del siglo XXI, ha quedado plantada una elite política y económica, ligada al terrorismo, el narcotráfico y el contrabando, que está tutelando la atribución de colocar nombres a las cosas, para después reglamentar jurídicamente su contenido, asistida siempre de abogados.

Así se ejerce el poder. En Bolivia, los libertarios que están trepados a la autoridad han consolidado la costumbre de demostrar con fuerza, cómo cargar de méritos académicos a personajes siniestros, entre ministros y ministras, que están desabastecidos de la idoneidad requerida. Ya queda claro el horizonte, y se confirma que los juristas en lo correcto y lo justo, habían estado viviendo privados de los elementos necesarios de ética y ejerciendo sus tareas profesionales fuera de la catedral constitucional, dejando a merced del poderoso la opción peligrosa de conservar, de acuerdo a su estado de ánimo, la entereza de la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva. Hemos ido demasiado lejos y de la mano de unos abogados hechos sin esmero. ¡Maldición …!

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