El miércoles y jueves pasados, las ciudades de Cochabamba y La Paz sintieron en paralelo la violencia moral y física que marcaron los dos sectores económicos más cuestionados del país entero: los gremiales y los transportistas urbanos. Las victimas no sólo fueron los ciudadanos atorados por semejante presión sindical, sino también los propios miembros de estas organizaciones que están sometidos a la disciplina de unos personajes intrigantes que no quieren leyes o buscan la degradación de las existentes.
En Cochabamba cientos de gremiales sojuzgaron el centro de la ciudad bloqueando el normal tráfico de vehículos, cerrando los mercados y colocando puñales ficticios en el pecho de humildes vendedores que se resistían a acatar el movimiento. Toda esta humillación fue posible para lograr la abrogación de la ordenanza municipal que establecía las normas racionales y modernas para la concesión transparente de los espacios físicos en predios municipales. El Concejo Municipal cedió a la presión y abrogó la norma, que en breve será sustituida con otra a la medida de la informalidad y la negligencia. En la ciudad de La Paz los transportistas protagonizaron un bloqueo de las principales vías de la ciudad y agredieron a la guardia municipal en puertas del Palacio Consistorial, todo por impedir la aprobación de la regulación municipal que ordena racionalmente el tráfico vehicular en La Paz, e impone multas a los que prestan un mal servicio, circulan sin autorización, incumplen horarios, entre otros aspectos que por mandato de la Ley de Transportes se deben regular en el ámbito municipal.
Los patriarcas y matriarcas de unas cuantas familias de gremiales y transportistas han logrado su objetivo y ahora tienen rienda suelta para neutralizar a la autoridad y someter con mayor reciedumbre a miles de afiliados, que han renunciado a sus más íntimas y legítimas aspiraciones. Si estos grupos organizados actúan así, no nos debería extrañar la nota alarmante que materializó uno de los dirigentes del transporte departamental de La Paz, que presuntamente habría asegurado que los bloqueos que realizaron los choferes del transporte público urbano “no serían intervenidos por la policía porque gozan del respaldo del Presidente”, tampoco debería pasmarnos que el masismo controle la contra-marcha del Conisur que exige la anulación de la Ley Nº 180 de Protección del Tipnis, que fue aprobada por el propio ciudadano Presidente.
Este estado de cosas se asemeja a un ambiente malsano sin leyes y sin autoridades, y si existen autoridades es para fomentar el quebrantamiento de las leyes vigentes y las normas básicas de convivencia humana en sociedad. Hemos llegado a retocar ese estado primitivo que antes era un insulto y ahora es una cualidad; y como nunca en la historia boliviana los individuos han roto esos lazos que los unían a la comunidad. Desde hace seis años nuestro país está tan alejado de las leyes y el Estado de Derecho y ahora urge poner fin a esa privación de la autodeterminación individual y el principio de autoridad, repeliendo precisamente a esos pequeños grupos que nos han alejado de la modernidad. Sería un crimen que se llegue a comprobar que el Presidente haya apoyado y organizado el complot de los transportistas contra la Alcaldía paceña o que su grupo político este detrás de los gremiales para conspirar contra las autoridades y los ciudadanos honestos de Cochabamba, porque ya no queda duda que él sí está detrás de la abrogación de la Ley de Protección del Tipnis. Esto se llama anomía y se define así: (Del gr. ἀνομία). “f. Ausencia de ley. || 2. Psicol. y Sociol. Conjunto de situaciones que derivan de la carencia de normas sociales o de su degradación”. (textual)