La mayoría de los programas de gobierno recientemente presentados ante el Órgano
Electoral Plurinacional por los partidos y alianzas plantean la reducción de impuestos y
del gasto público como respuesta a la crisis económica. Sin embargo, resulta llamativo
que el partido oficialista MAS evite por completo abordar el tema tributario. Esta
omisión sugiere que el actual sistema tributarios, lejos de ser neutro, se ha convertido
en una herramienta que favorece la gestión gubernamental.
En este contexto, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) ha implementado el
Sistema Integrado de Administración Tributaria (SIAT), diseñado para modernizar el
sistema de recaudación y control fiscal. No obstante, en la práctica, el SIAT se ha
convertido en un obstáculo más que en una solución. Con constantes fallos técnicos,
interrupciones y prórrogas, su funcionamiento es defectuoso. Lejos de promover el
cumplimiento tributario, ha abierto grietas por donde se filtran evasores y
defraudadores, especialmente en el proceso de transición hacia la facturación
electrónica y la eliminación definitiva de la factura manual.
El mal funcionamiento del SIAT ha provocado un desgaste importante en los
contribuyentes, pero especialmente en los contadores y auditores, quienes deben
batallar a diario con la incertidumbre y el estrés que genera un sistema que no cumple
con los estándares mínimos de fiabilidad y estabilidad. A esto se suma una práctica
cada vez más extendida entre comerciantes y prestadores de servicios que es la no
emisión de facturas alegando que “el sistema no funciona”. Algunos incluso piden
correos electrónicos para enviar la factura más tarde, lo cual rara vez ocurre. La
mayoría de los usuarios desconoce que, en estos casos, existe la obligación de emitir
una factura de contingencia con el mismo valor legal.
Este escenario está afectando negativamente la recaudación tributaria. La caída en la
emisión de facturas electrónicas en sectores obligados es una señal clara de que algo
no funciona como debería. Además, el desinterés de muchos consumidores en exigir
facturas ya sea por dejadez, desconocimiento o desconfianza, también alimenta este
círculo vicioso. Si queremos frenar esta práctica oscura, es imprescindible que se
imponga formalmente la obligación del comprador de exigir factura,
independientemente del medio por el cual se emita.
Resulta contradictorio que, a pesar de este panorama, los comunicados oficiales del
SIN insistan en que las recaudaciones van en aumento. Esta narrativa, más
propagandística que técnica, esconde la realidad incómoda de que las cifras de
recaudación podrían ser mucho mayores si se conociera el nivel real de facturación,
especialmente de los grandes contribuyentes, en comparación con el resto de los
sectores.
En tiempos de crisis, muchos ciudadanos negocian precios más bajos a cambio de no
exigir factura, lo que erosiona la base del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Esta
situación solo puede revertirse con medidas claras y consistentes. Por un lado, es
fundamental que se establezcan sanciones ejemplares no solo para quienes no emiten
facturas, sino también para quienes no las exigen. El deber de exigir una factura debe
ser legalmente exigible y respaldado por un sistema de incentivos claros, definidos
claramente en la Ley Nº 843.
Una propuesta viable sería vincular este deber de facturar al derecho al crédito fiscal,
incluyendo la devolución parcial del IVA en efectivo (RE IVA). Este mecanismo, que ya
ha demostrado cierto éxito, podría ampliarse para fomentar una cultura tributaria más
sólida. Incluso si el ciudadano renuncia a la devolución, la posibilidad de acceder a ese
beneficio puede motivarlo a exigir factura.
Asimismo, una reducción de la alícuota del IVA al 10% podría incentivar tanto a
vendedores como a compradores. Para los primeros, emitir factura dejaría de
percibirse como una pérdida, y para los segundos, exigirla representaría un derecho
con valor tangible. Esta medida, acompañada de un régimen de sanciones
compartidas para quienes negocien la factura, sería un paso hacia un sistema
tributario más equitativo y transparente.
En definitiva, el combate a la defraudación tributaria no puede centrarse únicamente
en los grandes contribuyentes ni en sofisticados sistemas tecnológicos que al final no
funcionan. Es necesario construir una cultura de cumplimiento que involucre
activamente a todos los actores, tanto al Estado, los empresarios y los ciudadanos.
Solo así se logrará que la factura deje de ser un objeto de negociación y vuelva a ser
el documento que da fe de una transacción lícita y transparente.
