Los siete municipios del eje metropolitano: Cochabamba, Sacaba, Quillacollo, Tiquipaya, Colcapirhua, Vinto y Sipe Sipe; impondrán la cuarentena rígida desde mañana lunes hasta el 10 de julio. Los siete alcaldes y la gobernadora se trazaron el desafío de mejorar el sistema de salud, después de un atroz colapso provocado por la flexibilización del confinamiento desde el pasado 31 de mayo. La ciudad de Cochabamba está en el ojo del huracán pandémico porque los casos se han incrementado geométricamente y también las muertes. El alcalde Leyes entre tanto ha destacado por las demostraciones televisadas de actos aparentemente eficientes, pero la realidad muestra una incapacidad administrativa preocupante. Con una mano increpó a los empresarios por impedir la instalación de un centro de confinamiento en Alalay; y con la otra mano no dudó en socapar a los comerciantes y transportistas que son los mayores responsables de la multiplicación de contagios.
Uno de los problemas es el centro de aislamiento COVID 19 que ya debería instalarse en el campo ferial de Alalay, administrado desde hace varias décadas por los entes que aglutinan a la mayoría de empresarios privados del Departamento. El alcalde con una invalidez notable para resolver conflictos ha provocado un enfrentamiento innecesario con los empresarios basando sus ataques en un asunto formal frente a la urgencia de la pandemia. Antes de pedir la resolución del contrato de concesión del campo ferial por cumplimiento del plazo, él debió privilegiar la materialización del centro de aislamiento, que el propio sector empresarial sugirió y ofreció hace varios meses. Este tipo de mezquindades son transversales y las han sufrido todas las autoridades municipales cada vez que han pretendido ocultar la ineptitud administrativa para salvar sus responsabilidades con la ciudadanía.
Por otro lado, el sector económico que ha perdido mucha credibilidad es el del autotransporte. Los micreros y truferos han apostado para sostener en el poder al alcalde y encubrir todos los atentados contra la salud que están consumando día que pasa todos y cada uno de los afiliados a los sindicatos de transportistas. Desde el 1º de junio el 45% de los infectados con coronavirus han sufrido el contagio en las cajas mortales del transporte público. Estoy en condiciones de afirmar que hasta ahora la alcaldía no ha cobrado un sólo centavo por concepto de multas a los choferes infractores y menos a secuestrado algún vehículo del sindicato; y si existen algunos transgresores seguramente fueron castigados con una simple amonestación. Siempre serán vanos los esfuerzos para hacer entender al sector del transporte que del honesto cumplimiento de la norma reguladora dependía la salud de la población. Se hicieron de cuerpo.
Los comerciantes minoristas e informales no podían dejar de ser uno de los factores más irritantes para la población sensata. De la mano del Intendente municipal fueron multiplicando su presencia en todas las calles y esquinas de la ciudad, con autorizaciones definitivas para la ocupación del sitio. El adueñamiento de las calles de la ciudad ha definido otro de los sitios de contagio más preocupante por el alto índice de contagios. Ni hablar de los mercados populares que no tienen el mínimo resguardo y menos existe la autoridad del Intendente para evitar que la gente se aglomere. Menos se puede hablar de las camionetas con el rótulo de “mercado móvil”, que sólo los privilegiados vinculados al sindicato gremial han sido favorecidos con las autorizaciones de circulación. Es que todos los dedos señalan a esta oficina del municipio por su falta de transparencia. Llegará el momento en que todos estos abusos se aclararán.
Hace tiempo que el alcalde Leyes no ha gozado de un momento de paz en su vida. No sólo sus aliados y sus enemigos le causan una infinidad de problemas, también el mismo es experto para tirarse piedras en el camino, huir hacia adelante o dispararse en el pie. Hace unos días atrás el Concejo Municipal decidió organizarle un expediente ante la Comisión de Ética por haber ninguneado a esta instancia legislativa y lo que es peor por no rendir cuentas de los 66 millones de bolivianos que recibió para gastar en la lucha contra la pandemia. Menos este edil ha informado al Concejo sobre su gestión administrativa en los bullados casos de los ranchos para los soldados y policías, la compra de respiradores para los hospitales, indumentarias y barbijos, entre otros temas. No son pocos los concejales que han detectado que la baja ejecución presupuestaria (cerca del 35%) ha confirmado la negligencia administrativa. Hay que decirle al alcalde Leyes que su gestión no es mala, es desastrosa. ¿Qué más se puede decir?
