En épocas electorales es casi inevitable que los candidatos toquen fibras sensibles de la ciudadanía para lograr el voto que los lleve a la silla tan soñada. Una de las más promesas más frecuentes, y también polémicas, es la condonación de impuestos. Hoy, todos los candidatos, sin excepción, parecen coincidir en el ofrecimiento electoral de amnistías tributarias, reducciones de impuestos y, sobre todo, la condonación de deudas tributarias, supuestamente para enfrentar la crisis económica.
Un ejemplo claro es Eduardo del Castillo, candidato del partido oficialista MAS, quien ha anunciado un «alivio tributario» como parte de su plan de gobierno. Sin embargo, este anuncio ha generado fricciones internas en el área de economía y finanzas públicas. El principal ejecutivo del Servicio de Impuestos se mostró alarmado y recordó públicamente que los alivios o condonaciones no pueden aprobarse por simple decreto o discurso, sino que deben ser debatidos y sancionados por la Asamblea Legislativa. Hasta la fecha, no existe ninguna medida oficial que respalde estos anuncios de alivios y condonaciones.
Estas promesas se entienden como una estrategia de seducción electoral. La ciudadanía, golpeada por la recesión y la inflación, percibe estas condonaciones como un respiro inmediato, y desde esta columna alguna se propuso un “perdonazo” en épocas en que primaba lo económico sobre lo electoral. Sin embargo, pocos se detienen a pensar en las consecuencias a mediano plazo. A pocos días de las elecciones, anunciar condonaciones puede generar un efecto perverso, bajo el entendido de que muchos contribuyentes podrían optar por dejar de pagar sus impuestos con la esperanza de que el próximo gobierno, siguiendo la misma lógica populista, perdone sus deudas.
Cualquier alivio tributario representa un problema serio para las finanzas públicas. Los ingresos tributarios son la principal fuente de recursos del Estado para garantizar los servicios esenciales como salud, educación y seguridad, pero en el caso boliviano gran parte de la recaudación tributaria sirve para pagar subvenciones a la gasolina, así como los sueldos y salarios del enorme aparato burocrático y parasitario. Si se incentiva la mora tributaria, se pone en riesgo la sostenibilidad de esos servicios esenciales, más aún en un contexto donde el margen de endeudamiento es cada vez más limitado. En otras palabras, lo que hoy parece un alivio podría convertirse mañana en una carga mayor para toda la población.
Los expertos tributarios coinciden en calificar estas prácticas como un acto de inmoralidad tributaria. ¿Por qué? Porque terminan castigando a los contribuyentes responsables que cumplen en tiempo y forma sus deberes tributarios. Es decir, se premia al evasor y se penaliza al cumplidor. Esta lógica inversa erosiona la cultura tributaria, que ya es frágil en un país tan venido a menos, como es Bolivia, peor aún si está catalogado como el verdadero “infierno tributario”.
Además, cada anuncio de “perdonazo tributario” crea un círculo vicioso recurrente en el tiempo, por lo que mientras más se habla de amnistías, alivios, condonaciones, etc., más se fomenta el incumplimiento. La promesa perpetua de que «algún día la deuda será perdonada» debilita cualquier esfuerzo serio de fiscalización y recaudación. Irónicamente, el mismo Estado que necesita recursos para operar es el que siembra la desconfianza para cobrarlos, no solo de boca de sus operadores políticos, sino también a través de las promesas de los que en el futuro podrían ser elegidos servidores públicos.
Es evidente que esta narrativa de «alivio tributario» forma parte de una estrategia de corto plazo para ganar simpatías, pero carece de una visión de responsabilidad y justicia tributaria. La pregunta que queda en el aire es si la ciudadanía está dispuesta a exigir compromisos más serios y sostenibles de sus líderes, o si seguirá dejándose seducir por promesas que, en lugar de resolver problemas estructurales, los agravan.
En última instancia, la condonación de impuestos puede sonar bien en campaña, pero su impacto real suele ser regresivo y desincentivador. Para enfrentar una crisis económica, los países necesitan políticas tributarias responsables, incentivos para ampliar la base de contribuyentes y medidas de apoyo dirigidas a quienes realmente lo necesitan. Lo contrario es pan para hoy y hambre para mañana.
