El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) tiene dos principales atribuciones: una, de cumplir y hacer cumplir las normas tributarias contenidas en la Constitución Política del Estado, el Código Tributario, leyes específicas tributarias y demás normas; y la otra, no menos importante, es la de dictar normas reglamentarias a efectos de la aplicación de las disposiciones en materia tributaria. Dentro de la estructura organizativa del SIN, la ley ha establecido que la “máxima autoridad normativa” es el directorio y, como cuerpo colegiado, está conformado por un presidente ejecutivo y cinco directores, quienes en conjunto deben aprobar las resoluciones normativas para facilitar y operativizar las actuaciones tributarias, estableciendo los procedimientos que se requieran para el efecto.
Esta fue una realidad válida hasta enero de 2006 cuando el MAS inició un proceso, sin pausa, de desinstitucionalización. Nunca más se eligieron a los presidentes y directores de forma legal, y ya van 15 años de actividad tributaria regulada con normativas firmadas por presidentes auxiliares, sin la autorización de un directorio que no existe. Entonces, todas las resoluciones normativas fueron emitidas por una autoridad tributaria incompetente, siendo nulas de pleno derecho.
Sorprendentemente, a mediados del año 2020 y durante el Gobierno transitorio de la presidenta Áñez, los legisladores masistas decidieron convocar a procesos de institucionalización de varias entidades públicas, entre ellas el SIN, pese a que durante más de una década impidieron cualquier intento para cubrir esos interinatos. Esta actitud política fue entendida como un mero afán para entorpecer la gestión de la presidenta y al final todo quedó en nada. Pero ahora, en pleno gobierno del presidente Lucho, ha causado asombro en el colectivo de profesionales vinculados con la tributación, el anuncio que realizó el presidente auxiliar interino del SIN, de que en los próximos meses la Asamblea Legislativa elegirá al presidente y a los directores titulares del SIN.
Esa noticia viene de la audiencia pública de rendición de cuentas de la gestión 2020 del ente público recaudador, celebrada la pasada semana, y en medio de la polémica sobre los despidos masivos de personal cualificado por sus méritos y su competencia en varias instituciones públicas, que directamente han sido sustituidos por aprendices sin virtudes, y que destacan en la mayoría de los casos por su juventud o su pertenencia a algún grupo opaco.
Todo indica que el actual Gobierno tiene un plan de profundización de la ineptocracia y de la recaptura del poder total sobre la base de gente poco iluminada. Fue con la promulgación de la Ley del Presupuesto General del Estado de la gestión 2021, que el presidente Lucho y sus legisladores se pusieron a la cacería de profesionales con carrera administrativa, con el objetivo de que las vacancias sean ocupadas por los allegados del oficialismo.
Dentro de ese escenario, parece que el anuncio de la elección de los miembros del directorio del SIN ha sido un lapsus de su presidente, que, de manera intuitiva, ha tratado de explicar a los ciudadanos que el SIN tiene una estructura que responde al principio de la legalidad, pero en los hechos es absolutamente contrario a lo que se postula en las normas para lograr la máxima eficiencia administrativa en el proceso de recaudación de impuestos.
Ojalá que el proceso de institucionalización del SIN, si se materializa, culmine con la elección transparente de profesionales de comprobada experiencia y notable competencia en la materia, de tal modo que desde el directorio del SIN se jerarquice la calidad del servicio público de la recaudación y fiscalización de impuestos, con una estructura orgánica del SIN en la que los funcionarios ineficaces sean la excepción y no la regla. Si no fue un lapsus, se le toma la palabra al presidente del Servicio de Impuestos Nacionales.