Artículo suscrito por Marcelo Gonzales Yaksic, abogado tributarista.
Una locura verdadera. En días pasados los servidores públicos del municipio de Santa Cruz han mandado la señal de que no se permitirá la circulación de vehículos que no estén registrados y no paguen impuestos en dicho municipio; en otras palabras, los vehículos que estén registrados en el municipio de Montero o Tarija no podrán ingresar a la ciudad de Santa Cruz. ¿Qué tal? ¿Se imaginan mis lectores el caos administrativo que esto significaría si todos los municipios de Bolivia emulan la propuesta cruceña?
Lo que contribuye notablemente al desbarajuste es el hecho de que la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra ha promulgado una ley que incentiva el cambio de radicatoria en el registro de los vehículos. El proyecto de recaudación tributaria tiene el objetivo de incrementar el número de motorizados registrados en el municipio cruceño para que contribuyan a las arcas de la comuna con sus impuestos. El beneficio fiscal que se ofrece es el descuento del 60% a los propietarios que paguen en efectivo el impuesto sobre la propiedad correspondiente a la gestión 2021 hasta el 15 de octubre del presente año. El descuento se mantendrá en un 50% para los que paguen hasta fin de año.
No me cuesta nada calificar este incentivo fiscal como una competencia desleal entre municipios, pero lo cierto es que algunos de ellos están haciendo esfuerzos para convertirse en “paraísos fiscales” en medio del infierno tributario boliviano, para atraer contribuyentes inescrupulosos. No faltarán los que muerdan el anzuelo y “radiquen” sus vehículos en Santa Cruz pese a que actualmente circulan en la ciudad de La Paz o en Oruro. El cambio de radicatoria ya pasó por bastantes experiencias negativas durante las últimas décadas, especialmente cuando se dieron migraciones de registros hacia municipios con una baja o nula actitud fiscal sobre este tipo de contribuyentes. He reído a carcajadas cuando me enteré de que el alcalde de Santa Cruz tiene en propiedad un auto último modelo que está registrado en el municipio de Porongo, este señor le echó la culpa a la empresa importadora; pero al final se concluye que el municipio de Porongo tiene algunas normas tributarias más favorables para la evasión que la propia ciudad de Santa Cruz.
Lo que ocurre es que estás prácticas elusivas son utilizadas por contribuyentes que aprovechan los vacíos legales y la deliberada ausencia de los municipios en los procesos de fiscalización sobre las personas, y de este modo es que se facilitan las intenciones de quienes están registrando o inscribiendo automotores sin las seguridades legales correspondientes, abriendo incluso la posibilidad de que los poseedores registren vehículos, entre ellos los ladrones y los contrabandistas.
Una de las peores escenas se produjo cuando el municipio de Cochabamba incluyó en el impuesto a la propiedad de vehículos automotores a las maquinarias pesadas de excavación, entre otras. Ni bien se publicó la normativa, los propietarios de estos vehículos pesados cambiaron de radicatoria y los registraron en el municipio de Sacaba, donde no existía una ley municipal que grave la propiedad de este tipo de vehículos pesados.
Si bien por mandato constitucional los municipios tienen competencia sobre el registro de la “propiedad automotor”, la autonomía municipal no puede servir para crear beneficios y paraísos fiscales a favor de las personas que no tienen la mínima intención de pagar un impuesto sobre la propiedad. Ni hablar de los delincuentes que han aprovechado estás anomalías y vacíos legislativos, por ejemplo, para vender las placas de los vehículos siniestrados, depreciados o robados en el mercado negro y beneficiar directamente a los chuteros que camuflan los autos de contrabando con placas legales. Ningún municipio, ni la Policía Boliviana llevan un registro de estos vehículos desaparecidos de la circulación.
A tal grado se ha distorsionado el mercado vehicular, que se han establecido normas municipales muy diferenciadas entre sí; por un lado existen leyes municipales de imposible cumplimiento para dar de baja el registro de vehículos robados, siniestrados o de aquellos que han cumplido su vida útil, y, por el lado contrario, aprueban normas que facilitan los trámites de cambio de radicatoria para los poseedores que compraron vehículos, amparados en esas malditas cadenas de minutas de transferencia incompletas y poderes notariados caducos, que solo se practican en los mercados negros de automóviles.
Ya es hora de que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) intervenga como máxima autoridad fiscal, para coordinar y armonizar las cargas impositivas propuestas por los gobiernos autónomos departamentales y municipales. No se puede dejar pasar el tiempo, porque el mercado de automotores está a punto de colapsar.
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