El gobierno del presidente Lucho, asumiendo eficientemente su competencia privativa sobre el régimen aduanero y el comercio exterior, ha aprobado el Decreto Supremo Nº 4539 que establece algunos incentivos tributarios y financieros para la fabricación, el ensamblaje y la importación de vehículos automotores eléctricos, híbridos y maquinaria agrícola eléctrica e híbrida, además para equipos y/o accesorios de sistemas de energía y generación distribuida. Entre otras disposiciones, se ha abierto la posibilidad de que empresas privadas legalmente constituidas en el país puedan implementar e instalar sistemas de recarga de energía para vehículos eléctricos.
Este decreto supremo constituye un gran avance en la política nacional de otorgamiento de incentivos legales para acercar más al país a un sistema productivo moderno, y ante todo a la transparencia. Así debería actuar de manera transversal el gobierno del presidente Lucho, no sólo para fomentar uso eficiente de la energía eléctrica, sino concediendo estímulos reales y tangibles en favor de diversos sectores de la economía nacional.
Desde esta columna estoy alertando al Gobierno para que establezca incentivos a los empresarios privados en general, pero desde hace algunos meses vengo insistiendo para que se permita a los jóvenes crear empresas con ciertos beneficios y, además, que se abrevien los trámites para cumplir los deberes formales con el Estado. Si bien ya es una realidad el desarrollo del sector de los vehículos eléctricos, el Gobierno debe garantizar, con urgencia, la incorporación de los jóvenes en el sistema productivo, como manda la Constitución Política del Estado (arts. 48.VII y 59.V), además de fomentar su protección, promoción y activa participación en el desarrollo económico, sin discriminación alguna.
El presidente Lucho, sus ministros de Economía y de Desarrollo productivo, más los padres de los jóvenes sabemos que las grandes innovaciones empresariales, que pueden garantizar al país una verdadera recuperación económica, están en las mentes creativas de los jóvenes. Lo que no creo es que el ministro de Trabajo sepa o entienda que la creación de puestos de empleo, sólo y exclusivamente pasa por la constitución de empresas privadas.
Ya debería el Gobierno emitir un decreto supremo que materialice una política de incentivos fiscales y financieros, la suspensión del pago de tributos de importación de maquinaria y equipos destinados a empresas productivas, modificando las alícuotas del Gravamen Arancelario (GA) y, ante todo, suspendiendo el pago de obligaciones fiscales por cinco (5) años para nuevas empresas creadas por jóvenes que tengan una edad entre 18 y 30 años, a cuyo vencimiento se restituirán las alícuotas correspondientes al sistema tributario nacional. Poco o nada le puede costar al gobierno replicar esta norma que aparece en el Decreto Supremo Nº 4539, en una nueva norma especial para el otorgamiento de créditos cuyo destino sea un emprendimiento de cualquier joven boliviano, “… será considerada como financiamiento al sector productivo, debiendo la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI, incorporar en la normativa regulatoria, los criterios y condiciones para el efecto, mismos que también deberán ser aplicados por las entidades de intermediación financiera que ya cuentan con productos financieros para ese propósito …” (sic).
Además, con la misma transparencia con la que dictó el Decreto Supremo Nº 4539, el Gobierno debería desparasitarse de todos esos demonios que le impulsan a proteger políticamente con estímulos ilegales e ilegítimos a ciertos sectores de la población muy afines al masismo. No me cansaré de señalar que el Gobierno, con su proverbial inercia y su discurso comunitario, tácitamente está impulsando a que los jóvenes renuncien a su futuro y se vuelquen en masa al contrabando, la coca, la cocaína, las cooperativas mineras, el transporte o el comercio minorista, actividades económicas que tienen más incentivos ilegítimos e inmorales que cualquier empresario decente de este noble país.