Lo que olvidaron todos los ciudadanos sensatos es que Evo Morales, en enero de 2015, promulgó la Ley de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025. Esta agenda no es otra cosa que el plan maestro para convertir a Bolivia en un país comunista a la usanza de Venezuela y Cuba. Si mis lectores más acuciosos exploran con detenimiento la Ley Nº 650, se darán perfecta cuenta de lo que estoy afirmando. Evo Morales, en 14 años de gobierno, ha demorado y postergado la perpetración de su propio plan.
Ahora, el presidente Lucho hincó el diente en el plan y en menos de 150 días de gobierno aceleró las medidas políticas para consumar el comunitarismo anhelado. Sólo con la ley del Presupuesto General del Estado para la gestión 2021, se ha propuesto liquidar a las entidades privadas del “capitalismo financiero” (sic), con fuertes cargas tributarias; así como es su objetivo implantar la “soberanía y transparencia en la gestión pública” seleccionando, con carácter privilegiado y “prioritario” a servidores públicos afines al partido de gobierno, sólo y exclusivamente.
Siguiendo la Agenda Patriótica, el 3 de marzo pasado, el presidente Lucho aprobó y publicó el Decreto Supremo Nº 4469 que establece dos nuevos certificados: el que acredita haber finalizado satisfactoriamente el Curso de Inducción al Servicio Público a ser impartido por la Escuela de Gestión Pública Plurinacional; y el papel que acredite que el futuro servidor cumplió con el Servicio Social Comunitario Descolonizador y Despatriarcalizador ¿Qué barbaridad es ésta? Estos dos “criterios adicionales” se suman al nefasto inventario que incluye la fotocopia legalizada del título en provisión nacional original (universidad); el certificado de nacimiento (Segip), el certificado de información sobre solvencia con el fisco (Contraloría); los antecedentes de buena conducta (Felcc), el certificado del registro de antecedentes penales (Rejap), certificado de violencia en razón de género (Sippase); la épica fotocopia de cédula de identidad; el certificado de idioma oficial de nación o pueblo indígena originario campesino, la misteriosa e inútil libreta de servicio militar, el certificado de declaración jurada de bienes y rentas, el número único de afiliado (AFP) y para el pago de los sueldos una cuenta en el Banco Unión, sin contar otros papeles enigmáticos. Como resulta obvio, todos los certificados tienen un costo en dinero que cae en bolsillos negros, nunca fiscalizados.
Con todo este legajo de documentos lo que se exalta es la voluntad titánica del interesado para realizar trámites, sin que siquiera importe cuan profesional y competente es para ejercer un determinado cargo. Este decreto supremo ha causado malestar en una gran mayoría de los servidores públicos en actual ejercicio de sus funciones, así como en otros gremios que están vinculados con la administración pública, especialmente los colegios profesionales, que ya han manifestado su rechazo porque se pretende condicionar el acceso a la función pública, previo adoctrinamiento político, con el aval de organizaciones sociales y colectivos políticos de color azul.
Tengo la sospecha de que los operadores gubernamentales impedirán, por todos los medios posibles, el acceso de los profesionales cualificados y competentes a determinados cargos. Ironizando, no me imagino que un dentista azul, con todos sus papeles en orden, pueda acceder a la jefatura de urbanismo en algún municipio, también azul. Entonces, queda absolutamente claro que el aparato estatal está privilegiando la mediocridad del perfil profesional de los servidores, y también “priorizando” (sic) su afinidad política, devaluando así los méritos y la competencia del servidor idóneo.
Estoy a la espera de que el Ministerio de Trabajo, apruebe y publique la reglamentación para la aplicación del Servicio Social Comunitario Descolonizador y Despatriarcalizador. Quiero develar este indescifrable servicio social. Ojalá no exijan a los funcionarios que demuestren experiencia en el manejo de armas de fuego o pertenencia a milicias populares. Creo que todo esto acabará mal.