Este próximo 28 de diciembre se recuerda el quinto año de vigencia del Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF). El entonces presidente Luis Arce Catacora cargado con un discurso altamente progresista y vengativo creó este impuesto a los pocos días de su juramento, sin saber siquiera que terminaría siendo uno de los presidentes más abucheado por la pésima gestión económica y financiera de la crisis. No se olvida que entre los años 2006 y 2019 este personaje fungió como ministro de Economía durante la mejor bonanza económica y también durante el peor despilfarro de la historia. Entonces, los dos escenarios polarizados se sintetizan así: Arce con IGF y Arce sin IGF. La diferencia es notable.

La reciente decisión del gobierno boliviano de eliminar el IGF ha desatado un debate político y económico por agentes políticos del fracasado modelo del “Proceso de Cambio”. Mientras sectores sindicales y voces progresistas lo tildan de un beneficio que solo favorece a los “ricos”, lo cierto es que esta medida responde a una lógica económica que prioriza la generación de empleo, la atracción de inversiones y la reactivación de una economía cada vez más desastrosa.

En esta oportunidad quiero analizar por qué la eliminación del IGF es una decisión acertada y necesaria, especialmente si se quiere dejar atrás el modelo masista burocrático que ha debilitado al país en los últimos años. Primero, lo que si hay que entender es que un grupo muy reducido de bolivianos con patrimonios elevados es quiénes afectaba el IGF, y son quienes precisamente tienen la capacidad real de invertir, generar empleos y dinamizar sectores productivos. Estos contribuyentes no eran evasores, sino generadores de fuentes de trabajo. Con la Ley Nº 1357 se impuso un tributo adicional sobre su patrimonio —y no sobre sus ingresos reales—  y se provocó la huida de la inversión privada y se enviaba una señal clara de hostilidad hacia el capital nacional y extranjero. El resultado fue predecible e inmediatamente comenzó la fuga de capitales, se paralizaron los proyectos de generación de empleo, y se arraigó una percepción de Bolivia como un entorno desfavorable para hacer negocios.

Desde el gobierno de Arce Catacora se ha admitido que con la vigencia del IGF se perdieron cerca de 2.500 millones de dólares de empresarios bolivianos que terminaron invertidos en Paraguay, Chile y Argentina. No es casual que muchos de ellos hayan mudado sus inversiones a países con un marco tributario más amigable. La consecuencia inmediata fue la pérdida de empleos y la caída en la recaudación tributaria indirecta que proviene del consumo, el IVA y las actividades comerciales que estos empresarios sostenían. Es decir, se debilitó el aparato económico que sostiene al Estado, pese a las exitosas recaudaciones que mensualmente publicaba el Servicio de Impuestos Nacionales.

Otro aspecto que suele omitirse en el discurso progresista es el escaso rendimiento del IGF en términos tributarios. La recaudación anual del impuesto apenas cubría uno o dos días de salarios del gigantesco aparato burocrático estatal, cuya expansión respondió más a compromisos políticos que a necesidades técnicas. En lugar de fortalecer el Estado a través de proyectos sociales en favor de los pobres, este tributo solo sirvió para alimentar un gasto público ineficiente, inflado por redes clientelares y estructuras administrativas duplicadas.

Los críticos de la medida, principalmente sindicatos y grupos de izquierda anticapitalistas, afirman que eliminar el IGF favorece a los ricos y profundiza la desigualdad. Sin embargo, sus argumentos carecen de sustento económico serio. No presentan datos sobre cuánto empleo genera ese reducido grupo de grandes fortunas, ni analizan el impacto que tendría su retorno sobre la economía nacional. Su enfoque es puramente ideológico bajo el ridículo argumento de que todo lo que huela a capital privado es desastroso, todo lo que suene a libre mercado es el enemigo de los pobres. Esta postura anticapitalista, más que defender la justicia social, obstaculiza el crecimiento económico y la reducción real de la pobreza.

En cambio, liberar al sector privado de un impuesto ineficiente y mal diseñado tiene un efecto multiplicador. Los recursos que antes se drenaban hacia un Estado sobredimensionado ahora pueden reinvertirse en actividades productivas, contratación de personal, innovación y expansión de mercados. Esto genera movimiento económico y, como resultado, mayores ingresos tributarios a través de otros mecanismos más saludables, como el IVA que grava las ventas, el IT sobre los ingresos brutos o el IUE sobre las ganancias.

Es cierto que eliminar el IGF no resolverá todos los problemas estructurales de la economía boliviana, pero quitar un obstáculo innecesario para los inversores es un buen primer paso. En lugar de castigar a quienes tienen éxito, deberíamos incentivarlos a invertir aquí, a confiar en su país, y a contribuir con su crecimiento, dirigiendo también los esfuerzos hacia reformas profundas en el sistema financiero, el mercado laboral y la seguridad jurídica. En resumen, el IGF fue un símbolo político para el gobierno de Arce Catacora más que un instrumento tributario eficaz. Su eliminación envía una señal de apertura y racionalidad en la administración de la cosa pública. Bolivia no necesita más controles ni más impuestos que asfixian la actividad económica; necesita confianza, reglas claras y un ambiente donde quienes generan empleo encuentren razones para quedarse a trabajar o a invertir.