Las administraciones tributarias en Bolivia son estructuras clave del Estado y su correcto funcionamiento no solo garantiza ingresos tributarios, sino que también refleja el nivel de institucionalidad, transparencia y compromiso con la meritocracia que una nación tiene. Sin embargo, durante los últimos 20 años de “masismo” estas entidades han estado marcadas por designaciones políticas, interinatos prolongados y la ocupación de cargos clave por personas sin la experiencia ni la preparación requerida. Fue una experiencia nefasta muy cargada de abusos de poder aplicados por personas mediocres e incultas, en algunos casos.
Ahora es necesario exigir que la idoneidad profesional no se limite a la posesión de un título universitario. En el contexto de la administración tributaria y aduanera, esta cualidad implica un conocimiento profundo y actualizado del marco legal, técnico y procedimental que rige el sistema tributario del país. Un profesional idóneo es aquel que ha demostrado, a lo largo de su carrera, capacidad para interpretar normas complejas, tomar decisiones con criterio técnico y actuar con ética y responsabilidad frente al poder que conlleva la gestión tributaria. Esta idoneidad también se refleja en la habilidad de liderar equipos, implementar mejoras institucionales y promover una cultura de legalidad y servicio público.
Por su parte, la experiencia adquirida en el ejercicio de funciones tributarias y aduaneras es un activo invaluable que nunca más debe ser librado a la improvisación. Trabajar directamente con procesos de fiscalización, recaudación, impugnación o control aduanero permite desarrollar una comprensión real del funcionamiento del sistema, sus debilidades y sus potencialidades. Esa trayectoria en el campo es la que habilita a un profesional a prever riesgos, proponer soluciones efectivas y garantizar que el principio de legalidad se cumpla en cada acto administrativo. Solo quienes han recorrido ese camino con rigor pueden asumir, con solvencia, la responsabilidad de dirigir instituciones clave para la economía del país.
Es momento de preguntarnos seriamente: ¿qué significa realmente estar capacitado para dirigir una administración tributaria?
Las leyes bolivianas son claras en este punto. La Ley 2166 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), la Ley 1990 sobre la Aduana Nacional y el Código Tributario Boliviano (Ley 2492) establecen requisitos específicos como son el título universitario, al menos 10 años de experiencia profesional y una reconocida idoneidad en materia tributaria. Incluso se reconoce como mérito el ejercicio académico, la investigación y la trayectoria en cargos técnicos. No se trata de sugerencias, sino de exigencias legales diseñadas para asegurar que quienes lideran estas instituciones cuenten con la solvencia profesional para tomar decisiones correctas y justas.
A pesar de ello, hemos sido testigos de una realidad muy diferente. Durante los gobiernos del “evismo” y del “arcismo”, por ejemplo, varios directores de las Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria fueron designados sin cumplir con la antigüedad profesional mínima; algunos incluso acababan de obtener sus títulos universitarios. Esta práctica debilitó la institucionalidad y abrió la puerta a gestiones marcadas por la improvisación, el abuso de poder y la desconfianza de los contribuyentes. El problema se agrava cuando organizaciones sociales utilizan su influencia para repartirse cargos, priorizando la lealtad política sobre la capacidad técnica. En lugar de fortalecer al Estado, esto perpetúa una administración basada en cuotas, clientelismo y corrupción.
Frente a este panorama, la reciente reunión entre el presidente Rodrigo Paz y la Confederación Nacional de Profesionales de Bolivia (CNPB) marca un punto de inflexión. El anuncio de una Ley del Ejercicio Profesional, la firma de convenios con el Ministerio de Educación para exámenes externos y el debate sobre el régimen tributario para profesionales independientes son señales alentadoras. No solo se trata de proteger al sector profesional, sino de garantizar que las instituciones del Estado estén dirigidas por personas éticas, capaces y conscientes de su rol público.
La administración tributaria tiene que dejar de ser un botín político. Es una herramienta estratégica para el desarrollo. Y los contribuyentes —quienes finalmente sostienen al Estado— merecen ser atendidos por autoridades con experiencia, formación y vocación de servicio. Solo así se evitarán prácticas arbitrarias y se garantizará una gestión eficiente, transparente y equitativa. Bolivia necesita dar un paso firme hacia la institucionalización real de sus entidades fiscales. Esto implica cumplir y hacer cumplir las leyes vigentes, y no repetir errores del pasado. La selección de autoridades por méritos profesionales no es un privilegio y tiene que ser una obligación con la ciudadanía. Este principio se debe aplicar también a todos los servidores públicos. Ha llegado la hora de elegir a los mejores, no a los más cercanos. De lo contrario, seguiremos atrapados en un ciclo que impide el progreso del país.
