Los regímenes especiales (RTS, STI y RAU) han sido creados de manera ilegal y durante estos 30 años de vigencia de la Ley Nº 843, han provocado una distorsión absolutamente nociva en la economía fiscal del país, especialmente en las finanzas empresariales, ante la ausencia del respaldo legal y documental necesario para justificar los gastos por las compras de bienes y servicios en los mercados informales.
Estos regímenes tributarios fueron diseñados de manera caprichosa para satisfacer las exigencias políticas de los comerciantes minoristas, gremialistas, artesanos, vivanderos, transportistas y los productores agropecuarios, y que en la actualidad ya no responden a las necesidades urgentes que tiene el fisco de recaudar tributos, cumpliendo con los principios de política fiscal recientemente incorporados en la nueva Constitución Política del Estado, que son los de igualdad y universalidad tributarias.
Está por demás recordar una de las características más ridículas que identifican a estos grupos informales y que se nota en la miserable contribución a favor del fisco. La recaudación sobre este sector que el Servicio de Impuestos Nacionales reporta es absolutamente insignificante e inexistente, lo cual justifica plenamente su eliminación radical. De un tiempo a esta parte las movilizaciones callejeras y los reclamos sociales del sector informal se han recrudecido, porque estos han sentido el acoso y la presión del poder fiscal, que les está exigiendo una mayor transparencia en sus operaciones comerciales, que por lo general son clandestinas. Lo peor de todo es que para este sector no existe ningún deber de informar sobre las compras a sus proveedores y menos registran sus ventas, lo cual quita transparencia a cualquier proceso legal de compra y venta.
Lo que se propone es la eliminación radical de los tres regímenes especiales (RTS, STI y RAU) que imperan ilícitamente en este país. Para lo cual el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ya debería tomar la iniciativa y proponer un proyecto de reforma de la Ley Nº 843, que imponga la obligación de emitir factura a todos los bolivianos, sin excepción; así como debería trasladar a todos los informales al régimen general tributario, beneficiándoles con la exención del Impuesto al Valor Agregado para todos aquellos negocios, profesiones y oficios cuyas ventas mensuales no superen el límite, por ejemplo, de Bs. 7.000.
Además, el Ministerio debería emitir las normativas administrativas respectivas para eximirles a los informales del pago de impuestos, pero con la condición de que (mensual, trimestral o semestralmente) reporten las compras a sus proveedores a través del módulo informático denominado Libro de Compras y Ventas IVA (LCV) y asuman el deber de entregar una factura que documente cualquier venta que realicen. Con estas reformas ganan todos, así el Servicio de Impuestos Nacionales tendría la información fidedigna sobre los capitales máximos que se utilizan en las transacciones de compras y los ingresos mensuales que no superen el límite permitido. También se benefician los amplios sectores populares porque se les liberaría del pago de impuestos indirectos y sólo cumplirían algunos deberes de información muy fáciles de efectuar. Creemos que ha llegado la hora de transparentar nuestro sistema tributario con la consolidación de los principios de capacidad económica e igualdad.