El día viernes pasado se celebró en la ciudad de Cochabamba el congreso nacional de propietarios de autos chutos. Ya no extraña a nadie la aviesa intención de estos seres para lograr la nacionalización de sus vehículos vulnerando todo tipo de requisitos morales, sobre la base de excusas absolutamente increíbles. Ante la noticia de que existe un plan burdo para nacionalizar los vehículos de contrabando, que dicen cuenta con el aval de políticos cocaleros en función de gobierno, gentes inescrupulosas han viajado hasta Iquique y Arica para comprar vehículos indocumentados. Si hasta hace un mes la cantidad de vehículos de contrabando era de 200.000, a la fecha esa cantidad se ha incrementado tan solo en unas cuantas semanas a 350.000, listos para ser nacionalizados de forma vandálica.
Indignación es lo que causan estas gentes simples cuando dicen que viven del día a día, además de que sobre sus espaldas pesan grandes deudas con el sistema financiero, y que su situación de pobreza les ha impulsado a comprar esos vehículos, que son sus herramientas de trabajo para trasladar los productos agrícolas que producen en las áreas rurales. He explotado en risas cuando escuché a uno de estos sujetos decir que presionarán al Gobierno para que apruebe la nacionalización, porque se trata de una especie de alianza entre estos chuteros y los receptadores para “luchar de manera unida y armónica contra el flagelo del contrabando”. Qué ser racional puede creer semejante argumento tan bajo e inmoral, peor si ellos ruegan como si se tratara de la última nacionalización. Ya basta, la última vez ya pasó y ahora la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) tiene el plato servido para ejercer sus atribuciones de luchar contra el contrabando, pero de verdad.
Lo que el Gobierno tiene que hacer es radicalizar su negativa y repudiar enfáticamente cualquier intento para nacionalizar estos vehículos. Además, tiene que andar con pies de plomo, porque los temas tributarios se han constituido en su talón de Aquiles. Yo no olvido sus dos últimos pasos en falso que son el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF) que ha resultado un fracaso por los altos costos administrativos que está demandando su fiscalización; y el famoso “impuesto a los servicios digitales” que ha movilizado contra el Gobierno a toda la clase media del país, obligándole a retirar ese proyecto de ley.
Es que cada vez que me muestran cualquier arista de este plan siniestro, yo encuentro justificativos serios que impiden coherentemente el intento de nacionalizar vehículos introducidos de contrabando. El nuevo argumento está vinculado con la inutilidad de la nacionalización en cuanto a beneficios y costos, gastos e ingresos fiscales se refiere. Lo recaudado por impuestos de nacionalización inmediatamente se diluye con la ingente cantidad de dinero que el Estado gasta cada día en la subvención de carburantes, que paradójicamente van a consumir los mismos vehículos nacionalizados. Nacionalizar vehículos es como evaporar dinero. Es un pésimo negocio y una causal de la bancarrota nacional, porque el Estado pagará por estos vehículos más dinero en subvenciones que impuestos cobrados efectivamente.
Otra pésima experiencia provocada por las anteriores nacionalizaciones la viven las alcaldías. No hay peor rubro en las haciendas municipales que la administración de los impuestos a la propiedad de vehículos. Si el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) hace un estudio estadístico se encontrará con la sorpresa de que el 99,9% (cifra atrevida pero no irreal) de los vehículos nacionalizados no pagan o evaden sus impuestos a la propiedad desde la fecha de su nacionalización. No son un misterio los malabarismos fiscales para domiciliar y registrar vehículos en municipios chicos con una nula actividad fiscalizadora en detrimento de los grandes municipios, que gastan ingentes cantidades de dinero para pavimentar calles y dotar de servicios eficientes para la circulación vehicular, sin recibir un centavo de estos contribuyentes. Existen municipios corruptos que venden permisos provisionales de circulación a vehículos de contrabando. Inverosímil.
Lo que hay que hacer es modificar la Ley Nº 154 de Clasificación de Impuestos, y abrogar la competencia municipal sobre la tributación de vehículos automotores; y concentrar en el gobierno central la administración total del sector vehicular, no solamente sobre la imposición a la propiedad sino también sobre el registro, de tal modo de que el Gobierno sea el único responsable junto con la ANB, de la correcta y legal importación de vehículos; además de la tenaz lucha contra el contrabando. Amén.

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