Durante la reciente campaña electoral, el tema tributario ocupó un lugar central, pero no necesariamente por certeza técnica, sino como estrategia de seducción electoral. En Bolivia, hablar de impuestos siempre ha sido sinónimo de tensión. Candidatos de todos los colores prometieron aliviar la carga tributaria que por años ha pesado sobre empresarios, emprendedores y trabajadores. Sin embargo, el debate se volvió especialmente álgido durante la segunda vuelta, cuando los dos finalistas, Jorge Quiroga Ramírez y Rodrigo Paz Pereira, transformaron un asunto técnico en una bandera ideológica. Ambos ofrecieron perdonazos y condonaciones, hasta nacionalizaciones de vehículos “chutos” con liberaciones tributarias que encubren ilícitos.

Quienes defendían mantener la presión fiscal argumentaban que una reducción de impuestos pondría en riesgo las ya comprometidas finanzas públicas. En el otro extremo, voces críticas denunciaban el tamaño del aparato estatal, su ineficiencia y el peso que supone para una economía que aún arrastra las secuelas de una larga crisis. La propuesta ganadora fue, sin duda, la que apostó por la renovación con un cambio de fondo, y fue Rodrigo Paz Pereira del Partido Demócrata Cristiano (PDC), cuya agenda tributaria se presentó como simbólica y profundamente política.

Uno de los pilares de su programa es el Perdonazo Tributario 2026, una amnistía impositiva que promete condonar el 100% de intereses, multas y sanciones tanto en impuestos internos como aduaneros. Paz lo presentó como un “acto de reconstrucción de confianza” entre el Estado y los contribuyentes, especialmente aquellos que han sido objeto de una política tributaria que muchos consideran acosadora y abusiva. La medida, si se implementa con sensatez y no como un simple populismo tributario, podría liberar a miles de bolivianos de una deuda histórica con el fisco que ha ahogado a muchos emprendimientos.

Otra propuesta clave es la combinación de crédito barato y reducción de impuestos y aranceles, especialmente para el sector informal, que en Bolivia representa más del 70% de la fuerza laboral activa. La promesa es bajar los impuestos por debajo del 10% y otorgar líneas de crédito accesibles para que estas unidades productivas puedan formalizarse, crecer y contribuir de forma progresiva al desarrollo económico.

El nuevo gobierno también propone un giro en la relación del Estado con el sector productivo aurífero. Según Paz, el oro tiene un potencial económico mayor que el litio, y por eso plantea incentivar la exportación de este recurso a través del Banco Central de Bolivia (BCB), premiando a quienes cumplan con la canalización de divisas y paguen los impuestos por la explotación. Este enfoque busca no solo aumentar las reservas internacionales, sino formalizar un sector que ha operado por años en la sombra.

Las medidas van más allá de lo tributario. La descentralización radical, la eliminación de subsidios a los hidrocarburos y la regla del 50-50 para redistribuir los recursos tributarios de coparticipación entre el nivel central y las autonomías regionales, representan un intento por romper con un Estado centralista y altamente burocrático. Pero esto no será fácil. Ya desde el Viceministerio de Política Tributaria se han emitido señales conservadoras, aferradas a un modelo de recaudación tradicional vigente de 1986, que privilegia el financiamiento del aparato estatal antes que la reactivación económica. Los 20 años del masismo han confirmado que este sistema, creado por lo neoliberales que tanto ha odiado, le ha ofrecido en bandeja de plata la mayor cantidad de recursos que fueron malgastados y dilapidados.

La Administración Tributaria, compuesta principalmente por el Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional, ha sido particularmente criticada por su trato implacable hacia los contribuyentes formales. Congelamiento de cuentas bancarias, multas desproporcionadas y presión constante han generado un clima de desconfianza. Cambiar esta lógica requerirá no solo voluntad política, sino también un cambio profundo en la cultura institucional. La propuesta de cerrar algunos puntos aduaneros y facilitar el acceso a tecnología de bajo costo, junto con la reducción de impuestos, busca crear condiciones más equitativas para estas unidades productivas para formalizarse.

La verdadera prueba del nuevo gobierno a cargo de Paz Pereira será su capacidad para implementar estas reformas tributarias en un Estado donde muchos funcionarios públicos de carrera podrían convertirse en obstáculos. Se trata de un aparato que ha sostenido un modelo tributario de más de dos décadas, el cual ha permitido una de las mayores presiones fiscales de América Latina. Desmantelar este sistema no será tarea sencilla. Pero si Paz Pereira logra avanzar con asesoramiento técnico adecuado y voluntad política, Bolivia podría estar ante un giro histórico en su política tributaria. Porque al final, no se trata solo de cobrar menos impuestos, sino de construir un Estado más eficiente, justo y al servicio de quienes producen, trabajan y sueñan con un país distinto. Quizás sobre la premisa que de cada centavo recaudado bajo el concepto de impuesto sea destinado con privilegio a los fines estatales de alto impacto social y no para parasitar al aparato burocrático más grande la historia de Bolivia.