Las recientes reuniones del Servicio de Impuestos Nacionales con la Asociación de Auditores de La Paz, la Cámara Nacional de Industrias, la Cámara de Exportadores de Bolivia, la Cámara Nacional de Comercio, así como con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, evidencian una señal positiva de apertura institucional. Este conjunto de encuentros refleja el reconocimiento de que el sistema tributario requiere diálogo técnico y cooperación; sin embargo, esa apertura no puede agotarse en actos formales ni en fotografías oficiales, sino que debe traducirse en resultados concretos, verificables y jurídicamente relevantes para los contribuyentes.
Sin embargo, este proceso de apertura presenta una debilidad estructural que se visualiza la exclusión de la mayoría de los contribuyentes que no cuentan con representación institucional. Los contribuyentes “de a pie”, pequeños comerciantes, profesionales independientes y microempresarios también viven diariamente los efectos del sistema tributario. Si el SIN pretende una reforma integral y legítima, debe abrir canales directos de participación ciudadana, por ejemplo, una plataforma web abierta al público en general para recibir sugerencias, quejas y propuestas de mejora, con seguimiento y respuesta institucional. La participación no puede ser un prerrogativa de unos pocos actores organizados en entes gremiales y de cooperación internacional.
El diálogo, además, debe ir acompañado de una exigencia firme de comportamiento ético dentro de la propia administración tributaria. Como ya es de conocimiento de la mayoría de los contribuyentes bolivianos persisten las prácticas graves que afectan la confianza en el sistema, especialmente cuando funcionarios coaccionan o extorsionan a contribuyentes para cumplir metas de recaudación, y otros que dilatan indebidamente los procesos con el único fin de conservar cargos o evitar responsabilidades. Estas conductas no son casuales ni excepcionales, por el contrario se han consolidado como la norma y constituyen desviaciones del poder administrativo y vulneran principios básicos como legalidad, buena fe, debido proceso y servicio a la colectividad.
Finalmente, la transparencia no puede limitarse a discursos ni a informes generales. Debe incluir la publicación de los procedimientos internos del SIN, manuales de fiscalización, criterios de selección de casos, tiempos estándar de tramitación y responsabilidades funcionales. Solo así se fortalece desde la ciudadanía debidamente informada el control social, se empodera al contribuyente y se reduce el espacio para la arbitrariedad. Un sistema tributario moderno no se construye solo con diálogo, sino con resultados, ética y transparencia efectiva.
Es hora que el Servicio de Impuestos Nacionales lidere esa reforma tan esperada en beneficio de la población boliviana en su conjunto.
