La injusticia de la Bancarización en el SIAT en Línea

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¿Por Qué Solo Algunos Están Obligados a Reportar sus Transacciones Mayores a Bs50.000?

En el debate tributario boliviano, una polémica frecuente es la obligación de reportar transacciones iguales o superiores a Bs50.000.- Desde que se aprobó la Resolución Normativa de Directorio Nº 102400000021, algunos diputados de la oposición han sido especialmente alarmistas, difundiendo la idea de que este tipo de regulación representa una amenaza para la libertad individual, el patrimonio, y la vida de los ciudadanos. Sin embargo, esta regulación está regulación está vigente desde 2011 y únicamente aplica a ciertos contribuyentes, no a toda la población, como algunos aseguran.

¿Es Justo el Sistema Tributario en Bolivia?

A nivel teórico, el sistema tributario boliviano persigue un ideal de justicia y universalidad. Un sistema fiscal equitativo debería tratar a todos los sectores económicos por igual, sometiéndolos a las mismas reglas para fomentar la igualdad y reducir la informalidad. No obstante, este propósito es todavía una aspiración que una realidad. Todos saben que existen sectores poderosos que operan fuera del alcance de la administración tributaria, están exentos de las obligaciones tributarias que soportan otros contribuyentes del régimen general. Sectores como el de los mineros cooperativistas y los productores de coca, por ejemplo, realizan grandes transacciones con mínima o nula intervención del sistema bancario formal. En este sentido, la justicia tributaria en Bolivia está lejos de ser plena.

En el ámbito técnico y de aplicación rutinaria de la Bancarización del SIAT en Línea, la administración tributaria ha excedido sus facultades al establecer conceptos transaccionales que no están descritos específicamente en la norma legal que respalda la bancarización. La ley establece la presunción de inexistencia de las transacciones superiores a Bs50.000.- cuando se demuestre que no estén respaldadas con documentos bancarios, perdiéndose “el crédito fiscal” sobre estas operaciones, pero en la reglamentación se ha excedido la administración tributaria al ampliar los efectos de la inexistencia de la transacciones depurando “el gasto” aplicable en la determinación del IUE, lo cual resulta también una prueba de lo injusto de la intervención estatal en las operaciones económicas de la empresa.

La Alarma Infundada sobre el Bancarización del SIAT en Línea

Recientemente, dos diputados de la oposición, concretamente de Comunidad Ciudadana, han aprovechado esta nueva normativa de bancarización para crear una falsa alarma. Según ellos, esta normativa amenaza la privacidad y los derechos de todos los bolivianos, sugiriendo que el gobierno pretende extender la recaudación tributaria de forma indiscriminada. Sin embargo, la normativa es clara porque se aplica solo a los contribuyentes del régimen general que están obligados a reportar sus transacciones superiores a Bs50.000.-, no el conjunto de la población. El objetivo no es aumentar la carga tributaria, sino asegurar la transparencia en el ámbito formal. Por ello, el temor difundido es infundado y puede ser interpretado como una manipulación del discurso tributario.

La Injusticia de las Excepciones

Quizás el verdadero problema en esta cuestión radica en la desigualdad en la aplicación de esta nueva normativa. Sectores de gran peso económico, como el de los cocaleros y los mineros cooperativistas, están exentos de la obligación de reportar sus transacciones bancarias. Estas actividades generan ingresos que superan a menudo las transacciones de muchas empresas formales, y aun así, permanecen en la sombra y lejos de la fiscalización del Servicio de Impuestos Nacionales. Es decir, mientras los contribuyentes del régimen general deben justificar cada monto superior a los Bs50.000.-, estos otros sectores manejan grandes cantidades de dinero sin ningún tipo de control. Esta disparidad no solo es injusta, sino que pone en desventaja a quienes sí cumplen con las exigencias formales del Servicio de Impuestos Nacionales para operar obligatoriamente con el sistema bancario.

¿Es Eficaz un Sistema que No Abarca a Todos?

Si este modelo de bancarización no se universaliza, no cumplirá su objetivo principal que es controlar el flujo de dinero en el país y reducir la economía informal. La obligación de reportar las transacciones debería alcanzar a todos los sectores, o, en su defecto, liberar a los contribuyentes del régimen general de esta exigencia, aplicando la antiquísima regla de “todos o nadie”. Mientras que unos pocos sectores se ven obligados a justificar sus movimientos, los grandes actores fuera del control fiscal continúan operando en la opacidad. La inequidad que provoca esta exclusión resulta en una presión desproporcionada para los contribuyentes que sí están dentro del sistema formal, quienes además deben competir con sectores informales no regulados.

Necesidad de Transparencia

Frente a esta situación, el gobierno debería sincerarse con la población y reconocer que existen sectores privilegiados que disfrutan de una protección especial del Estado. La magnitud de sus transacciones, que en muchos casos supera a las de las empresas formales, queda fuera del escrutinio fiscal. No existe una razón fundamentada para que estas actividades queden excluidas de las obligaciones tributarias. Al final, el gobierno debe priorizar la equidad fiscal y demostrar que no protege a ciertos sectores por intereses políticos o económicos.

Propuesta para una Transparencia Real y Equitativa

La solución más efectiva sería que el sistema bancario y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) recopilen directamente la información pertinente para identificar irregularidades en todos los sectores, y no solo entre los contribuyentes formales. Los bancos cuentan con los medios para proveer dicha información y deberían ser responsables de asegurar su precisión. Además, se debe confiar en la buena fe y transparencia de los contribuyentes formales que cumplen con sus obligaciones, hasta que se demuestre lo contrario en proceso administrativo de fiscalización (artículo 69 del Código Tributario Boliviano). Su contabilidad, al final, es su principal respaldo y debería ser suficiente para acreditar sus transacciones sin someterlos a una supervisión adicional injusta, como es la bancarización.

Un Llamado a la Equidad Tributaria

Es hora de que el gobierno y las autoridades del Servicio de Impuestos Nacionales actúen en pro de una reforma equitativa. Universalizar la obligación de reportar transacciones, o, en su defecto, liberar de esta carga a los contribuyentes del régimen general, es el primer paso hacia un sistema tributario más justo. Esta medida ayudaría a reducir la informalidad, incrementaría la transparencia y demostraría un compromiso real con la justicia tributaria en Bolivia.


Marcelo Gonzales Yaksic

Marcelo Gonzales Yaksic, es el director de esta página y ofrece una rica experiencia profesional. Actualmente es abogado tributarista en ejercicio libre de la profesión, fue Asesor Legal de la Cámara de Industria y Comercio de Cochabamba, autor de la columna Pliego de Cargos, Licenciado en Ciencias Jurídicas (UMSS), Diplomado en Tributación del Centro de Estudios Fiscales y Financieros (CEF – Bolivia) y con Maestría en Derecho Corporativo y Regulatorio del Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU- UMSS).


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